Administración de Antonio Arredondo dejó a Salamanca con crisis financiera: Beatriz Hernández

"Se generaron compromisos que rebasaron por mucho la capacidad financiera del municipio", mientras que por otra parte hubo despilfarro, descuido y pérdida de recursos, lamentó la alcaldesa

Salamanca, Gto. Autoridades del municipio presentaron este lunes un extracto del informe de la situación en que encontraron la administración pública de Salamanca, detallando por rubros temas “delicados” que se han detectado, lo que la alcaldesa Beatriz Hernández, calificó como “un adeudo grave”.

Equipo sin utilizar, instrumental perdido y descuentos irregulares a la nómina de algunos trabajadores fueron parte de las denuncias realizadas por el gobierno entrante respecto a lo que dejó inventariado el que encabezó Antonio Arredondo Muñoz.

Fotos: especiales

“Primero, al 30 de septiembre de este año, nos encontramos con una deuda cercana a los 59 millones de pesos, recurso público que se debe a proveedores por pagar a corto plazo, entre los cuales se encuentran contratistas de obra pública, servicios personales, retenciones y contribuciones, entre otras cuentas por pagar”, reveló la presidencia municipal.

Además, tras un análisis se detectó una deuda de alrededor de 21 millones de pesos por concepto del convenio de colaboración y coordinación en materia de seguridad pública, mas otros conceptos. “En suma, las cantidades señaladas nos dan un total de deuda por 90 millones de pesos, además de la deuda financiera que asciende a 116 millones de pesos”.

Beatriz Hernández afirmó que ello llevó a que se quedaran sin recursos para sacar adelante la operatividad y los servicios diarios, en materia de seguridad, mantenimiento de la ciudad, alumbrado público, recolección de basura, relleno sanitario y el condiciones de calles y vías de comunicación.

“Aviadores” y pagos irregulares

En materia de recursos humanos, el resultado de la revisión realizada en estas semanas, detectó “un desorden administrativo en la estructura laboral”, pues 72 servidores públicos cobraban su salario sin que existiera evidencia de su trabajo o incluso de su asistencia física en las áreas a las que estaban asignados. Y de una revisión de al menos 200 expedientes de servidores públicos, ninguno tiene su expediente completo para ingresar y trabajar en la administración pública.

Además, reveló la alcaldesa, “desde diciembre de 2017 aparece en los registros una retención vía nómina a los trabajadores, realizada bajo el concepto de pagos a terceros por una cantidad mensual de alrededor de 53 mil pesos, un pago que “se entregó a través de cheques durante casi un año en favor de una persona identificada como Ana María Rangel Frías”, mas en ningún documento se justifica la retención de ese recurso, tampoco se detallan las funciones, servicios o actividades que realizó esta persona para el municipio.

El recurso público mensual que recibía este particular, del cual no existe  constancia del servicio que prestaba, supera el salario de muchos funcionarios de la administración pública municipal, por lo que la presidenta municipal giró instrucciones para que fuera cancelado. Comentó que se daría cuenta de esta situación a las instancias correspondientes.

Cámaras arrumbadas; kits de primer respondiente, desaparecidos

Hernández Cruz también calificó como “una grave irresponsabilidad” encontrar diversas inconsistencias en compras y gastos ejercidos en seguridad, afirmando que encontraron una “situación de abandono y despilfarro” en el área.

En el año 2016, se adquirieron 269 cámaras fotográficas que costaron alrededor de 600 mil pesos; hay un faltante de 43, pero lo más grave es que el resto se encuentra almacenado, sin uso, denunció. “Del análisis que realizamos encontramos que no existía la necesidad de comprarlas, tan es así, que a la fecha siguen en el almacén”.

También en 2016, se adquirieron 30 kits de operación de primer respondiente para patrullas con un costo individual de 5 mil pesos y 239 kits de operación (para los elementos que están a pie tierra), con un costo unitario de 3 mil pesos; por un importe total de casi un millón de pesos. “Ninguno de estos kits existe, ni en el inventario, ni en el convenio con el Mando Único”, aseguró la alcaldesa.

Gastos inflados para hardware, software, equipo de oficina

Otra irregularidad, también registrada en 2016, es el pago realizado a un solo proveedor por un monto de 7 millones de pesos, para adquirir uniformes y chalecos balísticos, una compra que calificó de irregular, puesto que debió haberse licitado “y para evitarlo se fraccionó en cuatro contratos”.

El gasto desmedido en el rubro de seguridad pública también puede rastrearse en el año 2015, cuando se adquirieron 12 equipos de cómputo, con un monto total de 263 mil pesos, además se compró equipo de gimnasio, por un monto de 190 mil pesos, sin embargo, la administración entrante no localizó físicamente estos bienes en ningún inventario.

En el año 2017, el municipio contrató un software y una aplicación móvil para multas, además adquirió 18 paquetes de impresoras con mochilas. En estas compras se gastaron más de un millón de pesos y ninguno de los productos fue utilizado.

Este lunes se presentó evidencia de compras infladas, de contratos otorgados sin licitación y fraccionados de al menos 7 softwares adquiridos, cuyo monto supera los 7 millones de pesos, todo con cargo al recurso de seguridad.

“Las aparentes compras infladas también representaron una práctica habitual en el gobierno anterior, muestra de ello, es la compra de cuatro computadoras marca HP de escritorio Elite Desk, por un monto de 180 mil pesos, es decir, por cada una se pagaron 45 mil pesos”, mientras que “por cuatro mesas de trabajo, los salmantinos pagaron 55 mil pesos, es decir, cada una costó 14 mil pesos, por 20 sillas se erogaron 140 mil pesos, es decir, cada silla costó 7 mil pesos y por 60 literas individuales con su colchón, se pagaron 375 mil pesos; es decir, a un precio individual aproximado de 6 mil pesos”.

Mermas a recursos de la Academia de Policía

El recuento de la alcaldesa Beatriz Hernández alcanzó a la Academia de Policía, donde de 2016 a 2018 se impartieron 31 cursos de capacitación, uno de los cuales, titulado “Proyecto jóvenes en acción” e impartido este año, costó dos millones de pesos y cuya participación no rebasó los 100 asistentes, es decir, costó unos 20 mil pesos por persona. “En los documentos referentes a este curso, no hay constancia de certificación de la persona que lo impartió”.

En la academia, se tienen registrados como cadetes graduados: en 2015, veintiuno; 2016, setenta y seis; 2017, veinticinco; en 2018 no se graduó ninguno, “lo que refleja con toda claridad, la falta de resultados”.

Estas cifras y su consiguiente problemática en todos los rubros, son “resultado del abandono en que se tuvo a Salamanca los últimos tres años (…) una traición por quienes recibieron en su momento la confianza de los salmantinos”, denunció la presidente municipal.

“Los salmantinos merecen un gobierno responsable y transparente en el uso de los recursos públicos”, fue el mensaje final.

El trámite se realizó el lunes al mediodía en la Sala de Cabildo, en cumplimiento del plazo que marca la ley, que señalan que las administraciones entrantes cuentan con un plazo de 45 días para realizar una revisión de la situación en que se encuentra el gobierno municipal.

Estuvieron presentes, además de la alcaldesa,  la secretaria del ayuntamiento, Karla Alejandra Escárcega Robledo; el tesorero, Humberto Razo Arteaga y el contralor municipal, Miguel Enrique Cordero Saucedo.

 

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