Comisión de la Verdad, decisión histórica

Frente a la falta de voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto para esclarecer a fondo la desaparición de los 43 estudiantes de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa; la Comisión de Investigación que mandató el Tribunal Colegiado de Tamaulipas debe ser creada por quien resulte electo el 1 de julio, en acuerdo con el Congreso de la Unión.

Los Magistrados pusieron en evidencia un conjunto de irregularidades en la investigación y el proceso de integración de toda la averiguación que, de no corregirse, podrían facilitar la salida de implicados claves como María de los Ángeles Pineda y su esposo José Luis Abarca.

Desde su perspectiva, la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los normalistas no fue imparcial, ni independiente y hay  “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Por estas y otras razones, ordenaron reponer el procedimiento y que el Ministerio Público de la Federación presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

Lo que resolvió el Tribunal desnuda la “verdad histórica”, pone en el centro el debido proceso y abre una alternativa para recuperar la credibilidad y confianza en la investigación. Porque la que llevó a cabo la PGR está viciada de origen.

El Gobierno Federal tomó la irresponsable decisión política de dar una versión que no necesariamente corresponde con los hechos. Para tal efecto manipularon evidencias, torturaron detenidos, protegieron involucrados, ocultaron información y violaron el debido proceso.

Por ello, el Ejecutivo Federal en funciones no debe nombrar a la comisión citada, al menos, y sólo sí,  lo hace de común acuerdo con quien resulte electo el 1 de julio y con el respaldo de los integrantes del Congreso de la Unión que también se renovará.

Porque la composición de la misma requerirá de gente proba,  que actúe con profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad para poder conocer la verdad de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Y es que esta administración presidencial carece de credibilidad y se ha ganado a pulso la desconfianza y el repudio de la absoluta mayoría de los mexicanos y organismos internacionales.

El Tribunal no sólo puso el dedo en la llaga en uno de los casos más sensibles de este sexenio por la brutalidad de los acontecimientos y la violación de los derechos humanos de los estudiantes sino también por las serias deficiencias en la procuración e impartición de justicia durante este gobierno que en lugar de utilizar las instituciones para combatir la violencia, los delitos y la corrupción, las usó facciosamente para atacar a la oposición y cuidarle la espalda al Ejecutivo Federal y a sus cómplices.

Hay una larga lista de altos funcionarios y empresarios involucrados en presuntos hechos de corrupción que están impunes.

Es el caso de la Casa Blanca, el símbolo de la corrupción de esta administración; Luis Videgaray y su casa de Malinalco; Emilio Lozoya y el supuesto soborno que recibió de Odebrecht; Rosario Robles y la Estafa Maestra; y los desvíos de los exgobernadores priistas Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte -este último aún prófugo por la complicidad presidencial-.

El entramado que tejieron estos y otros funcionarios de una u otra manera termina involucrando a Peña Nieto.

Por ello no es casual la filtración del video que pretende de nueva cuenta desprestigiar a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la coalición por México al Frente. No sólo es un acto de desesperación de Peña Nieto sino un intento de frenar el avance de la coalición que se ha comprometido a romper con el pacto de corrupción e impunidad y a impulsar la creación de la Comisión de la Verdad.

La decisión del Tribunal coloca al país ante una condición histórica. Hay que atenderla como un acto de humanidad para esclarecer realmente la desaparición de los 43 estudiantes.

No debe haber pretexto, hay que proceder caiga quien caiga y tope donde tope. Es la oportunidad para empezar a combatir en serio y a fondo la corrupción y la impunidad, investigando a todos los involucrados, sin excepción alguna. Queremos la verdad y que se haga justicia.

 

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