Ciudad de México, (SinEmbargo). El Congreso del Estado de México dio un plazo de 10 días hábiles al Gobernador Alfredo del Mazo Maza para que informe si la entidad asumió, sin autorización, una deuda pública por 98 mil 270 millones de pesos en favor de OHL –hoy Aleatica– por los rendimientos del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, ambas vías concesionadas a la empresa.
De acuerdo con la exposición de los legisladores opositores, OHL (Aleatica) sustenta su acción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en la idea de que el Estado de México le debe una suma de miles de millones. Pero ese dinero no está consolidado como deuda pública en las cuentas de esa entidad federativa. Eso significa que, o el Gobierno mexiquense le miente a sus ciudadanos, o Aletica a los tenedores de acciones.
Los legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), grupo parlamentario que subió el punto de acuerdo, también pidieron a Del Mazo dos acciones más: un informe completo sobre el monto de recuperación en estas dos concesiones otorgadas a Aleatica y que haga saber a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el contenido de este punto de acuerdo para que la empresa no engañe a sus inversionistas.
En un punto de acuerdo subido por la Diputada Azucena Cisneros Coss, presidenta de la LX Legislatura del Estado de México, se exhortó al Gobernador de extracción priista a que aclare si la entidad asumió una obligación incondicional de pago de dinero frente a Aleatica y/o sus subsidiarias Conmex y VB, o si le otorgó en favor de dichas sociedades una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento en el Circuito y el Viaducto.
De acuerdo con el texto, una obligación incondicional de pago de dinero a cargo del Estado de México no es otra cosa que “deuda pública” asumida por la entidad, misma que sólo puede existir si es previamente aprobada por la Legislatura Estatal, lo que no ocurrió en este caso.
“Los títulos de concesión del Circuito y del Viaducto NO establecen ese derecho en favor de Conmex y/o de VB, como lo confirmó la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde el 22 de octubre de 2015 en el Oficio número 210-81861-HVR/2015, en el que concluyó correctamente que el derecho de Conmex y de VB a recuperar su inversión y el rendimiento en el Circuito y en el Viaducto, respectivamente, depende del pago de las cuotas de peaje que pagan los usuarios y que las concesionarias no cuentan con un Derecho Incondicional de Pago de la Contraprestación Total, ya sea por parte del Gobierno del Estado de México, o bien por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem)”, se lee en el punto de acuerdo.
Desde el año 2015 se han hecho señalamientos públicos respecto de presuntas ilegalidades, actos de corrupción y de manipulación contable de Aleatica y sus subsidiarias, en relación con el Circuito y el Viaducto.
Algunas de esas presuntas ilegalidades han sido investigadas, confirmadas y sancionadas por la autoridad competente.
Es el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que el 28 de marzo de 2016 informó públicamente que había impuesto una sanción “histórica” a Aleatica y a sus subsidiarias, derivado de violaciones a la Ley del Mercado de Valores detectadas en relación con el registro de la llamada “rentabilidad garantizada”, y que había instruido “acciones correctivas” a las empresas emisoras para obligarlas a modificar sus estados financieros, de modo que cumplieran con ley.
De acuerdo con el Congreso mexiquense, el registro de la “rentabilidad garantizada” en los estados financieros de Aleatica y sus subsidiarias genera una afectación particularmente grave para el Estado de México, “pues supone la existencia de una obligación incondicional de pago de dinero a cargo del Estado de México frente al Circuito Exterior Mexiquense y al Viaducto Bicentario”.
El proyecto original del Circuito era de una carretera de 155 kilómetros, de los cuales sólo se han construido 110 kilómetros (el 70 por ciento), cuyo costo total sería de aproximadamente 5 mil 600 millones de pesos.
Entre 2005 y 2017, Aleatica recibió ingresos por concepto de cobro de cuotas de peaje en el Circuito por un monto superior a los 22 mil millones de pesos, no obstante la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo al Circuito, al 31 de diciembre de 2017, era de 72 mil 93.6 millones de pesos.
Y esa inversión no sólo no disminuye, sino que crece año tras año, se detalla en el punto de acuerdo.
En el Viaducto la historia es parecida. Al 31 de diciembre de 2017, la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo a esta autopista alcanzaba los 26 mil 176.4 millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que falta por construir la otra mitad del proyecto.
El Congreso estatal precisó que con base en el valor de sus activos, Aleatica y sus subsidiarias emiten y colocan acciones entre el público inversionista y financian y refinancian una y otra vez sus proyectos a través del mercado de valores y/o del sistema financiero, haciendo creer a sus acreedores que tienen un derecho incondicional de cobro de dinero contra el Estado de México por varias decenas de miles de millones de pesos.
“De existir ese derecho, la obligación correlativa del Estado de México sería deuda pública, que NO fue autorizada por esta Legislatura, NO está prevista en las Leyes de Ingresos del Estado de México y NO está inscrita en el registro estatal de deuda pública”, se indica en el documento del congreso.
UN FRENO A LA CORRUPCIÓN EN EDOMEX: GARGARI
OHL (Aleatica) forma parte del grupo de las empresas que más recibieron contratos del sector público durante este sexenio, de acuerdo con registros del Portal de Obligaciones de Transparencia.
En el año 2015, una serie de audios mostraron la vinculación de la empresa con diversos políticos mexicanos y probables prácticas de corrupción, como el pago de sobornos a cambio de aumentos en los peajes, entre otros.
Para el abogado Paulo Díez Gargari, quien mantiene un litigio en contra de Aleatica, el punto de acuerdo del Congreso del Estado de México es “positivo” porque “por primera vez el poder legislativo mexiquense está asumiendo sus facultades y responsabilidades de los proyectos de infraestructura pública carretera”.
“Me parece que estees un buen paso en la decisión correcta”, dijo en entrevista con SinEmbargo. “Por primera vez el poder legislativo del Estado de México asumiendo sus facultades porque se le está pidiendo al Gobernador que se pronuncie si existe o no una deuda pública, pero además se le está exige que notifique al presidente de la CNBV el contenido de este punto de acuerdo para que dejen de engañar al público inversionista haciéndoles pensar que tienen un derecho incondicional de cobro frente al Estado de México”.
Díez Gargari explicó que en este punto de acuerdo también se le está pidiendo al Gobierno estatal que informen cuál es el monto de la inversión pendiente de recuperar a Aleatica, “algo que yo llevo cuatro años pidiendo, en su momento a Eruviel Ávila y después a Del Mazo, pero que nunca hicieron caso porque tenían un poder legislativo sometido”.
El abogado prevé que una vez que se notifique a la CNBV, lo primero que va a ocurrir es que se va a evidenciar públicamente la actuación de las autoridades mexiquenses en complicidad con Aleatica: “El presidente de la CNBV les hará dar cuenta de lo absurdo del comportamiento de las autoridades a nivel federal porque hasta ahora le han permitido a Aleatica seguir registrando en su favor”.
REPRUEBAN CUENTA PÚBLICA DE ERUVIEL EN EDOMEX
En la misma sesión del congreso mexiquense, los diputados de Morena reprobaron la Cuenta Pública 2017 del Estado de México, que corresponde a la gestión de Eruviel Ávila, hoy Senador por el PRI.
Los argumentos de los legisladores para rechazar la Cuenta Pública fueron que existen irregularidades y sigue sin aclararse el desfalco de miles de millones de pesos en las finanzas estatales.
Los legisladores votaron en contra del dictamen y a favor para que sea devuelto a las comisiones hasta que sean aclaradas cada una de las anomalías halladas en el manejo de las arcas durante el último año de gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas.
La Diputada de Morena, Azucena Olivares Coss, aseguró que el uso de los recursos del año pasado fue destinado para financiar el fraude electoral que permitió el triunfo de Alfredo del Mazo Maza.
“Hace poco más de un año desde la izquierda señalamos el uso del presupuesto para favorecer la campaña el actual Gobierno, pese a ello se consumó el fraude electoral. Morena no avalará los resultados de la Cuenta Pública 2017, fue la cuenta que financió el fraude electoral”, mencionó.
En el dictamen se ordena que se investiguen a las autoridades de los 38 programas prioritarios presupuestales que presentaron irregularidades.
