Extranjeras y extranjeros, ¿opinar sobre política en México?

Por: Mauricio Gómez Flores, colaborador de Amicus*

 

Últimamente, con el acercamiento de las elecciones en México, a través de la redes sociales se han comunicado publicaciones sobre política mexicana que quizás no provienen de personas con nacionalidad mexicana.  Hablamos de personas como lo han sido la politóloga guatemalteca, Gloria Álvarez o la actriz venezolana, Carmen Martílez.

A lo anterior, nos hemos llegado a preguntar, entre otras cosas, ¿qué tanto las extranjeras y los extranjeros pueden entrometerse en asuntos de política interna? ¿En qué proporción nuestro el país, como para determinar si es bueno o malo que por ahí afuera se comente respecto a nuestros intereses políticos?

Con el paso del tiempo, a pesar del complicado panorama que tenemos en México,  en 30 años el país podría volverse la séptima potencia mundial, de acuerdo con estimaciones de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Esto, sin contar con las 961,121 personas que han nacido en otro países y viven en México, de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional de Migración. Con ello se puede convertir a México en un interés internacional frente a otros países.

Así pues, para la población extranjera es bastante común hablar de política mexicana como para la ciudadanía en México hablar de política estadounidense. No obstante, para muchas personas, el que una extranjera hable de política interna como lo hizo Carmen Martílez, se ha considerado una falta grave como para ejecutar una petición y deportarla del país.

Pero esto no es sencillo, debido a que si bien nuestra Constitución Política establece en su artículo 33 que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, también es importante tomar en cuenta la ratificación de tratados internacionales que México hace en materia de derechos humanos, como  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece que todo país que la ratifique, como es el caso de México, deberá comprometerse a adoptar medidas legislativas como para no discriminar a cualquier persona por sus opiniones políticas, respetando así su libertad de pensamiento y expresión.

Cuando dos instrumentos jurídicos se contraponen, es importante dejarlo en manos de órganos judiciales, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, para resolver los derechos que deben prevalecer.

Por nuestra parte, como ciudadanía, nos corresponde otorgarle relevancia a la libertad de expresión para los fines de un proyecto democrático, debido a que la opinión contribuye a nutrir el pensamiento y sustentar las decisiones, que se manifiestan en los procesos electorales, como en el desempeño político y administrativo. Conviene pues para todas y todos abrir los cauces de la expresión sin incitar a la violencia.

En el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral. Esa línea que divide ambas partes, será sumamente importante considerarla para evitar flagelar intereses comunes. Chocar con esa línea, puede fracturar derechos que por el simple hecho de haber nacido nos corresponden como humanidad.

 

*Amicus, “Derechos humanos por el cambio social”
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