Iniciativa ciudadana para la regulación de la publicidad oficial

El pasado 25 de octubre el Colectivo #medioslibres presentó una Iniciativa Ciudadana para crear una Ley General para regular la publicidad oficial, el Colectivo, formado por decenas de organizaciones y activistas en lo individual llama a derogar la #LeyChayote  y a establecer una regulación que parta de los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este espacio he discutido sobre cómo llegaría eventualmente la Ley Chayote a Guanajuato en caso de seguir el proceso estatal, las maneras en que tendría que regularse la publicidad en nuestra entidad, así también he analizado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los Principios establecidos por la CIDH.

El 01 de noviembre en el pleno del Congreso del Estado, la diputada Vanessa Sánchez, del PVEM, tocó por primera vez de forma seria la posibilidad de la regulación de la publicidad oficial en Guanajuato, no solamente señalando que no existe un plan y que existe discrecionalidad, sino que solicita un informe y se reconozca que se han cometido excesos en la asignación y contratación de publicidad oficial en el Gobierno del Estado. Una verdad que se ha dicho desde hace 4 años: en Guanajuato existe censura previa a partir del control de la publicidad oficial, eso que Vanessa llamó “premios” o “castigos” en Guanajuato va más allá, implica la presunta corrupción de Enrique Avilés por contratar ‘empresas fantasmas y financiar campañas de desprestigio contra personas defensoras y periodistas, ejecutadas por medios y televisoras oficialistas, como TV8.

Bien por Vanessa y bien por el PVEM. Pero eso no es suficiente, hace falta echar abajo la Ley Chayote antes de enero y eso le corresponde al Congreso de la Unión. Por eso en el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato nos sumamos a la iniciativa ciudadana del Colectivo #medioslibres. La iniciativa de este Colectivo está disponible públicamente y puede resumirse de la siguiente manera:

 

INICIATIVA CIUDADANA SOBRE LA LEY GENERAL DE PUBLICIDAD OFICIAL

 

  • Su objeto es reglamentar el párrafo 8º del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de uso, asignación y distribución de la publicidad oficial, tal como señaló la SCJN.
  • Tiene por objeto regular la planeación, organización, coordinación, asignación, contratación y control de espacios destinados a las campañas de publicidad oficial, contenidos de publicidad oficial o cualquier equiparable que busque promover la actividad del Estado que por cualquier modalidad de comunicación realicen los sujetos obligados.
  • También busca regular la programación, ejercicio, evaluación y distribución de los recursos presupuestales destinados al gasto en publicidad oficial de los sujetos obligados del Estado, reglamentar el uso en publicidad oficial y disponer de un régimen de sanciones aplicables al incumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

Partiendo de que la censura previa limita la libertad de expresión y limita la democracia, se establece que la asignación de publicidad debe contemplar el público objetivo y los medios y formas idóneas para llevar y transmitir dicha información.

En concreto la iniciativa que, además, ya se ha dialogado con el virtual Secretario de Gobernación, Alejandro Encinas, tiene los siguientes alcances:

  • Garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos humanos y la participación ciudadana;
  • Garantizar la libertad de expresión y la pluralidad informativa;
  • Asegurar que las pautas publicitarias lleguen eficazmente al público objetivo y sean de carácter institucional con fines informativos, educativos o de orientación social;
  • Asegurar el respeto a los topes presupuestales;
  • Garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación y gestión de la publicidad oficial;
  • Evitar que la publicidad oficial se convierta en un instrumento para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales;
  • Definir criterios claros, objetivos y transparentes de la asignación de la publicidad oficial;
  • Establecer mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de sanciones o medidas de apremio;
  • Establecer contrapesos al ejercicio centralizado de la publicidad oficial a través de un rol activo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizar el derecho a la información; y,
  • Impulsar el pluralismo con la creación de un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas.

En marzo que la CNDH presentó este informe se señaló que “hoy las líneas editoriales de los medios tienen detrás 40 mil millones de pesos ejercidos sólo por el Gobierno federal, de los cuales el 56 por ciento se asigna a 20 medios de comunicación y el 44 por ciento a más de tres mil medios de comunicación. Desgraciadamente la publicidad oficial no solamente genera narrativas oficiales, sino también impacta en la concentración y en la pluralidad informativa”.

Avilés y Miguel Márquez gastaron más de un millón de pesos diarios en publicidad oficial y excedieron más de 180% el tope establecido. Ya el caso lo analiza la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y ahora el PAN tendrá que reconocer que ha sido cómplice del despilfarro. El Informe General de la CNDH señala al menos que Guanajuato es opaco.

Vergonzoso.

En Guanajuato apoyamos la iniciativa ciudadana de Ley General para la regulación de la publicidad oficial. #noalaleychayote #medioslibres

 

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