México condiciona la ayuda humanitaria a los migrantes a cambio de entregarse, acusa ONG

Tapachula/Ciudad de México, (Chiapas Paralelo/SinEmbargo). La asistencia humanitaria gubernamental a los miles de migrantes que conforman el éxodo centroamericano, se está condicionando a la detención migratoria, denuncian organizaciones no gubernamentales.

Migrantes hondureños se preparan para caminar otro tramo de territorio mexicano rumbo a su objetivo principal, Estados Unidos. Foto: agencia

A dos días de que aproximadamente 7 mil migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala cruzaron la frontera con México, el cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas van rezagando grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas que sufren alguna discapacidad o enfermedad, quienes no están recibiendo agua, comida, atención médica y asistencia médica.

Tampoco la han recibido quienes se niegan a hacer un registro de entrada ante el Instituto Nacional de Migración (INM) e internarse en un “albergue” del que no pueden salir sino hasta que se resuelva su solicitud, lo que puede tardar 45 días. De rechazarse su solicitud de refugio, la Ley prevé que deben ser repatriados a su país de origen.

Organismos dedicados a la defensa y protección de los derechos humanos recorrieron con los migrantes los primeros 38 kilómetros de su recorrido por el país, ello les permitió documentar la situación a la que se están enfrentando, como el desgaste físico y emocional por la falta de asistencia humanitaria gubernamental.

“La respuesta del Estado sigue siendo de un enfoque militarista al mando de la Policía Federal”, señalan. Ello, al colocar grupos de policías antimotines a lo largo del recorrido, al sobrevolar la zona a baja altura con un helicóptero de la Comisión Nacional de Seguridad, “causando confusión y terror entre las personas”.

Hasta el momento las autoridades federales no han emitido las medidas de protección a las que está obligado, de acuerdo a protocolos internacionales que suscribió el Estado mexicano, señalan el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, Médicos del Mundo Suiza, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Otros Mundos Chiapas, SweFOR México y el Comité de Servicio de Amigos Americanos la oficina Latinoamérica y el Caribe.

“Lo que está ocurriendo en este momento y de lo cual somos testigos, no tiene precedente alguno. Si bien el paso de personas migrantes es un hecho que viene ocurriendo desde hace muchos años, lo cierto es que, desde los años 80, no habíamos tenido noticia de un evento de esta magnitud en el cual miles de personas están buscando, de manera desesperada, ingresar a México con la finalidad de buscar protección”.

En concreto, los organismos humanitarios acusan que personal del INM y de policías federales, estatales y municipales han obstaculizado a los migrantes el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios y gestionando únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria.

En este marco, exigieron al estado mexicano generar una respuesta inmediata y coordinada desde instancias internacionales para asistir integral y regionalmente a las personas que están migrando de manera masiva y en condiciones que ponen en riesgo sus vidas.

DENUNCIAN “INFIERNO” EN CENTROAMÉRICA

“Han hecho un infierno de nuestros países. (…) Pedimos a México que no reprima esta caravana”, dijo en una rueda de prensa desde Tapachula, el director de la organización Pueblo Sin Fronteras, Irineo Mujica, que apoya esta caravana que partió el 13 de octubre de San Pedro Sula (Honduras).

Ante decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales, varios integrantes de esta caravana conformada mayoritariamente por miles de hondureños junto con entidades civiles, describieron este movimiento como un “éxodo” fruto de décadas de “hambre y muerte”, apuntó Mujica.

Brenda Ochoa, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, instó a que se atienda a los migrantes, que describió como “desplazados forzados”, y pidió que se apliquen protocolos internacionales con respecto a la niñez, pues en la caravana hay un gran contingente de madres con hijos, algunos de ellos bebés.

Elena Lourdes Urbina, migrante hondureña, denunció precisamente que había sido separada de su hijo y su nieto, que se encontraban en una estación migratoria junto con más de mil personas que buscan tramitar una solicitud de refugio.

Asimismo, el integrante de Pueblo Sin Fronteras Rodrigo Abeja relató, entre lágrimas, cómo en Tapachula y en otros municipios de Chiapas se violenta a las mujeres migrantes -que han intentado cruzar en ocasiones anteriores- y se las obliga a prostituirse.

Siete organizaciones, entre ellas Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, responsabilizaron en un comunicado al Estado mexicano de las violaciones a derechos humanos ante un hecho, esta masiva caravana, que consideraron sin precedentes.

Entre otras cosas, acusaron al Gobierno de México de “incumplir con las garantías de protección de vida”, realizar “detenciones arbitrarias” en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, negar el acceso a solicitantes de refugio e infligir a los migrantes “tratos crueles e inhumanos”.

 

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