Negación e impunidad en temas de seguridad y derechos humanos, sello del gobierno de Miguel Márquez: activistas

Ocultar la información sobre hallazgos de restos humanos no abona en nada al combate a la inseguridad; lamentable ausencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, dicen académicos y defensores

Guanajuato, Gto. La negación y la impunidad ha sido la marca del gobierno del panista Miguel Márquez Márquez, consideraron activistas de la sociedad civil luego de que la información que ha dado la Procuraduría de Justicia del Estado sobre las fosas clandestinas ha sido escasa.

Los activistas coincidieron en que el ocultar información en nada abona al tema de seguridad, y mucho menos cuando las autoridades estatales se empeñan en minimizar y descargar su responsabilidad en los grupos del crimen organizado.

Señalaron que Guanajuato es un estado que carece de una Procuraduría de los Derechos Humanos que de verdad vele por los derechos de los guanajuatenses, pues se ha caracterizado por su sumisión con el Ejecutivo estatal y con el procurador Carlos Zamarripa.

Foto: Especial

Fabrizio Lorusso, periodista italiano y académico de la Ibero de León, señaló que el problema de inseguridad en el estado es preocupante, porque se había creído que Guanajuato no estaba dentro de las entidades donde la violencia es alarmante, donde no había violaciones graves a los derechos humanos, o donde la no había tanta desigualdad.

Pero, al cierre de la administración estatal se ha destapado la cloaca en materia de violencia e impunidad que hay, “una realidad parecida a otros estados como Jalisco y Michoacán que han vivido en la última década” indicó.

Dijo que Márquez siempre ha evadido la responsabilidad que tienen en la materia al justificar que los asesinatos, por ejemplo, es un tema que le compete a la federación, o minimizar graves problemas como el de la desaparición al señalar que se fueron con el novio o a la novia.

“Se había creído que Guanajuato había quedado fuera de este mapa terrible, (las fosas clandestinas) del horror que tienen las primeras planas en Guerrero, Veracruz o Tamaulipas que en realidad también fue ocultado, y ahora sale a la luz y tenemos una agujero negro del tema de fosas. Pero también tenemos un primer lugar en homicidios dolosos, y el número de desapariciones forzadas y particulares que sigue superior a los 600 casos no resueltos”.

Fabrizio Lorusso criticó que en Guanajuato el próximo gobierno que encabezará Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, considere militarizar el estado como si fuera la solución a la problemática y, cuando se ha demostrado que la taza de violaciones a los derechos humanos aumentó en casi todo el país, incluso los índices de homicidios y desapariciones.

Consideró que es momento de voltear a ver y reconsiderar si la estrategia contra la delincuencia está funcionando.

Para el presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Luis Alberto Ramos, el que la Procuraduría de Justicia del Estado no abra la información ni dé claridad en los avances de la investigación, da un mal mensaje a los guanajuatenses y se podría hablar de hasta negligencia.

“En nada abona el ocultar una situación de este tipo para no dar a conocer lo que realmente nos sucede, lo importante es que se trabaje y ataquen los problemas con mayor fortaleza, fuerza, inteligencia y capacidad, y no buscar la omisión”.

Dijo que las familias de aquellas personas que han sido desaparecidas tienen derecho a saber qué fue lo que sucedió y en qué estado se encuentran las investigaciones, sin que se oculte u omita información alguna.

“Es importante que se diga que está causando estos problemas, decir tengo esta respuesta, está estrategia, y estoy pendiente de los familiares. Qué porcentaje son por daños colaterales, debo admitir que estas gentes no tenían nada que ver y están en esta situación. Pero tiene que dar la certeza de que se está al tanto de lo que sucede y es su obligación darlo a conocer”.

Negación política, respuesta de Márquez

José Manuel Ramos consultor en Derechos Humanos señaló que la falta de transparencia por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado en el tema de las desapariciones, puede incluso caer en violaciones a las garantías judiciales, que finalmente son derechos humanos.

“Es importante que el que se tenga la información no sea, al final de cuentas, para desinformar o evadir responsabilidades a nivel político. Lo que es importante aquí es que todo esto sirva para acelerar el acceso a la justicia de las personas de las víctimas y encontrar a las desaparecidas. En esta atención podríamos identificar actitudes que se han manifestado en este gobierno y en esta Procuraduría”.

Dijo que el gobierno de Márquez ha caído en la negación total, sin embargo no solo ha sido tema del ejecutivo estatal, también del legislativo, pues no se ha hecho nada para que Guanajuato tenga una Ley de Desapariciones Forzadas como a nivel federal, cuando existen centenas de casos sin resolver en la entidad.

Señaló que existe un protocolo interinstitucional para atender los casos de desaparición forzada, y brindar seguridad y auxilio a los familiares de las víctimas, así como como llevar una investigación que derive en detenciones.

Además, apuntó que existen convenciones internacionales de derechos humanos para la desaparición forzada y otros temas con la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres y de personas con discapacidad entre otros, sin embargo en Guanajuato poco son tomados en cuenta.

“Por qué si sabemos que ha habido bastantes casos en el registro nacional, se habla de más de 600 casos con corte a julio, en el estado no hay legislación, por lo tanto no hay registro, y la débil colaboración interinstitucional con la federación y por tanto como no hay una normativa, tampoco es importante respectar un protocolo”

Agregó que “lo que si hay y de manifestó, es una negación política de la realidad, como si por más que lo negáramos este tema no existiera o despareciera en sí mismo, es algo preocupante y se marca mucho en el modos operandi del gobierno del estado, lastimosamente”.

Tiene Guanajuato una PDHE sumisa

José Manuel Ramos Robles, quien buscó ser el ombudsman de Guanajauto, lamentó que la Procuraduría de no haya logrado desmarcarse de su rol de sumisión ante el Ejecutivo estatal, pues a la fecha se ha mantenido al margen de las investigaciones derivadas del hallazgo de la fosa clandestina en Villagrán, con el pretexto de que su labor es humanitaria.

Raúl Montero de Alba procurador de Derechos Humanos

 “Debería estar empujando porque hubiera ley estatal de desapariciones forzadas, porque hubiera registro, y  no nada más ceñirse a una atención humanitaria, y psicológica a las víctimas, sino que hubiera un acompañamiento jurídico, porque en aquellos casos, en lugar de escudarse que son temas que no se pueden publicitar, hablar, y con esto dilatar los procesos, esto, apunta precisamente a esa tención y demorar procesos judiciales, que son violaciones a los derechos humanos”.

Consideró que el hablar y garantizar un acceso a la justicia a las víctimas de desapariciones forzadas, así como en materia de derechos humanos, debería ser parte de la reflexión de la siguiente administración estatal, así como el hecho de que la PDHE tiene que reposicionarse y entender que su rol no es el de sumisión ni no es de constructivismo.

A los actuales titulares de la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes han dado a cuenta gotas la información de las fosas clandestinas, el consultor en Derechos Humanos mandó un mensaje:

“Ante la evidencia, la lamentable desgracia demostrada con datos no solo en desaparición, en homicidios y feminicidios, deberían las cabezas preparar una buena entrega para el nuevo relevo, y ojala podamos tener una Fiscalía en términos de la reforma al artículo 102 Constitucional que sirva y que renueve su visión de mandato y nos de mejores resultados en materia de seguridad publica pero también de prevención  a los guanajuatenses”.

Este martes, Zona Franca publicó que el gobierno de Miguel Márquez ha ocultado el hallazgo de por lo menos 37 cadáveres, en tres presuntas fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de la comunidad Los Ángeles en el municipio de Villagrán. Se trata justamente de la zona de seguridad atribuida a uno de los grupos criminales que se disputan el territorio estatal.

Pese a la apertura de tres carpetas de investigación, la información ha sido retenida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre. No hay comunicación oficial con instancias federales, ni con familiares de personas desaparecidas en la entidad. Ni que decir a los medios de comunicación.

El pasado viernes 7 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe hemerográfico en el que se lograron documentar 163 fosas clandestinas en el país entre 2017 y 2018, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos. En la revisión estado por estado, Guanajuato brilla por su ausencia.

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