“Ni los veo ni los oigo”

Siguiendo el precepto de su mentor, Carlos Salinas de Gortari, el presidente Enrique Peña Nieto hizo como que ni vio ni escuchó a diversos organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil que pidieron detener la Ley de Seguridad Interior porque no resuelve el grave problema de inseguridad que lacera al país y, por el contrario, ha incrementado la violencia, las desapariciones y violaciones a los derechos humanos.

Pese a las protestas de las organizaciones sociales y la mayoría de los legisladores de la oposición; el PRI y sus aliados (PVEM, Nueva Alianza, PES, un diputado sin partido y algunos panistas) aprobaron en el Congreso de la Unión esta norma que da manga ancha a la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

El colectivo Seguridad sin Guerra, que desplegó una campaña para tratar de disuadir la aprobación de la ley, advirtió que “desde que comenzó la estrategia de intervención militar, el número de homicidios dolosos aumentó de 122% en sólo cuatro años. Pasamos de 10,253 muertes anuales en 2007 a 22,852 en 2011. Actualmente suman más de 213 mil homicidios dolosos.”

Recordó que “el aumento de desapariciones también es alarmante: más de 30 mil 942 personas se encuentran desaparecidas sin contar personas migrantes. En estados donde la militarización data de décadas atrás, como Guerrero, la violencia ha ido en aumento permanente. En 2015, Guerrero tuvo la tasa más alta de homicidios en el país: 54.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.”

En una carta enviada a los legisladores, el colectivo argumentó que la Ley de Seguridad Interior “es inconstitucional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior…” como la aprobada.

En ese mismo sentido, en una declaración conjunta sin precedentes, un frente amplio de procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de Derechos Humanos, llamaron al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior.

Señalaron que “carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”

Alertaron que “es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta”, acotaron.

El grupo señaló que “los mecanismos de la ONU vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.”

Los expertos recalcaron que “resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales.”

Al igual que las organizaciones de la sociedad civil, precisaron que “cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles.”

“Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos,” indicaron.

Sin embargo, Peña Nieto se aferró y decidió imponer una Ley de Seguridad Interior que fortalece el modelo policiaco-militar que a todas luces es un fracaso, ha ensangrentado al país, provocado una ola de violencia e inseguridad y colocado en la zozobra y el miedo a millones de mexicanos.

Pero esto no ha terminado. La coalición Por México al Frente, que dio la batalla en el Congreso para tratar de evitar la imposición, junto con las organizaciones de la sociedad civil, los organismos nacionales e internacionales; debemos fortalecer nuestra lucha por #SeguridadSinGuerra y contra el #PactodeImpunidadyCorrupción e impulsar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.

No permitiremos que se salgan con la suya y sigan ensangrentando al país por su soberbia, ineptitud y corrupción.

 

*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.
Twitter: @AlonsoRaya_

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