Off the record 11 de octubre 2018

TJA, la experiencia Pedro González

Arturo Lara Martínez. Foto: Especial

Pocas expectativas se tenían del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. Los anquilosados organismos, la partidización y/o politización de las instituciones, no daban muchas esperanzas de que la rendición de cuentas desde los municipios lograra tener un despegue ejemplar.

En ese escenario, la sala especial anticorrupción a cargo de Arturo Lara Martínez comenzó su trabajo -aun con piezas faltantes en el resto de la cadena del sistema- con procedimientos que derivaron de las administraciones municipales.

Fue en ese escenario que el hoy expresidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Pedro González García, se convirtió en el primer funcionario público sancionado por el Sistema Estatal Anticorrupción.

El conflicto de intereses que protagonizó el presidente de Sapal, finalmente fue dictaminado por el TJA el pasado 13 de julio en sesión formal, determinando que, de acuerdo a la ley, el funcionario público deberá ser suspendido por cinco meses que correrán a partir de su notificación formal.

Se trata de un acto que acata el nuevo marco de atribuciones, establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al analizar las constancias del procedimiento que integraron las autoridades investigadora y sustanciadora.

Pedro González no dudó en apelar. Su papel como presidente de Sapal se vio interrumpido precisamente por este proceso legal que juró revertir. Reforzado por un equipo de abogados de los que se habló una fuerte influencia política, presentó su recurso argumentando seis agravios que no pudieron sustanciarse.

Por eso es de destacar el papel de la sala presidida por Arturo Lara. Se trata del primer mensaje de certidumbre dentro del nuevo andamiaje legal que sostiene el Sistema Estatal Anticorrupción. El reto es, sin duda alguna mantener un paso apegado a la ley, al rigor jurídico y sobre todo a la objetividad de la justicia.

 

Trujillo, ahora en el área financiera

Gerardo Trujillo Flores. Foto: Archivo

La Unidad de Estudios de las Finanzas en el Congreso local, una de las áreas más técnicas en el Legislativo, va en decadencia, ha venido en decadencia con la imposición de perfiles más políticos que técnicos.

El último perfil que manejó la dirección general con una perspectiva apegada a la exigencia fue Francisco Javier Luna López, quien optó por irse cuando su permanencia comenzó a manejarse políticamente.

En el 2015, con el cambio de Legislatura, todos los directores generales se quedaron con el carácter de “encargados de despacho”, mientras seguían las negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios para el reparto de áreas institucionales con Éctor Jaime Ramírez Barba al frente del proceso para los consensos.

Con experiencia y conocimientos de sobra, Luna no quiso ser parte de ese regateó político y decidió renunciar antes que quedar en el limbo, por tener ofertas para laborar en el Banco de México.

Así, se abrió el paso para la llegada de Joel Arredondo García, que si bien cuenta con conocimientos y experiencia en temas económicos, jurídicos y administrativos, se ha manejado con un perfil más político.

Hace un año convocó a una reunión privada a representantes de 17 municipios donde se hablaría sobre la reforma energética, pero la sorpresa de la mañana fue la invitación que también hizo a las empresas EEICO México, McQuaire México y AIRIS Soluciones.

A las autoridades municipales se les entregaron catálogos con luminarias que pretendían vender, después de que escucharan las implicaciones económicas que traería para los gobiernos locales el elevado costo por el Derecho de Alumbrado Público, planteándoles como la solución las lámparas ahorradoras que, curiosamente, ofrecían las empresas invitadas.

No fue el único evento en el que se evidenció el manejo político de la Unidad, también quedó de manifiesto cuando se frenó durante meses la solicitud de crédito que presentó el municipio de Guanajuato con el gobierno priista de Edgar Castro Cerrillo, para después de concluir que no se había entregado la información suficiente.

En cambio, el empréstito solicitado por el municipio de San Miguel de Allende por más de 100 millones de pesos para el cambio de luminarias, crédito que ya contratará el panista Luis Alberto Villarreal, salió en dos semanas porque ellos sí habían entregado en tiempo la información necesaria para que la anterior Legislatura avalara la millonaria deuda.

Con el cambio de Legislatura, Arredondo queda como encargado de despacho en lo que se prepara el camino para la llegada de Gerardo Trujillo Flores, luego del fallido intento por ocupar la Secretaría General del Congreso, que no consiguió por carecer de un título en alguna rama de las ciencias jurídicas.

Los panistas pretenden allanar la llegada del panista, exdirigente estatal del partido, para que pueda suplir a Joel Arredondo en la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.

Podría ser en dos semanas cuando se presente la propuesta de Trujillo, el ingeniero en minas, para ocupar la dirección general.

 

*Con la colaboración especial de Carmen Pizano

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