Píden CCE y OCL investigación oficiosa sobre compra de terrenos para nuevo estadio: ‘operación fue irregular’

*Con información de Carmen Martínez. 

León, Gto. De manera oficiosa se debe de iniciar una investigación por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para comprobar si se dio un sobreprecio en la compraventa de 12.4 hectáreas de terreno que el gobierno del estado adquirió para luego vender al Grupo Pachuca.

Así coincidieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos y Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León en entrevistas separadas. Ambos, señalaron que es el gobierno estatal el que debe de informar y transparentar toda la operación, con la que ahora se proyecta la construcción del nuevo estadio de futbol.

El líder empresarial manifestó que cualquier operación económica hecha por el gobierno estatal, debe garantizar total transparencia y que no existe ninguna intención de que alguien pueda obtener beneficios económicos a costa del erario.

José Arturo Sánchez Castellanos, líder del CCE León. Foto: Cortesía

Zona Franca dio a conocer que el empresario Luis Felipe Valdovino Fuentes, quien en un principio actuó como intermediario para realizar esta transacción por las 12.4 hectáreas, denunció que la compraventa a los hermanos Fuentes Anguiano en el predio rústico de Ángeles y Medina se efectuó con un sobreprecio de 90 millones de pesos.

José Arturo Sánchez Castellanos señaló que lo más adecuado es que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, investigue de manera inmediata, sin importar si el empresario Luis Felipe Valdovino Fuentes se haya acercado a realizar una denuncia formal o no.

“Estos señalamientos que se hacen, debería la Secretaría de la Transparencia recogerlos de oficio y abrir una investigación para confirmar o descartar lo que se está señalando públicamente, ahí creo que esa es uno de los objetivos de la Secretaría de la Transparencia, sin que necesariamente tenga que ir alguien a hacer una denuncia, aunque lo ideal es que se haga por parte del particular (el empresario). Aún y cuando alguien no la hiciera, por tratarse de recursos públicos pues ya de oficio se tendrían que recoger estos señalamientos”, dijo.

El presidente del CCEL agregó que cualquier operación económica hecha por el gobierno, en este caso el de Miguel Márquez, debería tener todo sustentado para comprobar que no existió un mal uso del recurso público.

Asimismo, recordó que la misión de un gobierno estatal no es la compra de bienes para después revenderlos, tal y como se ha hecho en otras ocasiones, como en las hectáreas que fueron adquiridas para la instalación de la planta Toyota en Apaseo el Grande.

Sánchez Castellanos insistió en la intervención puntual de la actual administración estatal, que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que se aclaren las particularidades de este contrato de compra-venta y se pueda garantizar que todo se hizo conforme a ley.

“No debe de haber ninguna manipulación del precio, en ningún sentido y para eso, el gobierno del estado y los gobiernos tienen las instituciones e instrumentos para determinar con toda claridad cuáles son esos valores en los que deben transmitirse los bienes, y evidentemente no se puede hacer ningún tipo de transacción inmobiliaria con fines especulativos”.

Por su parte, Luis Alberto Ramos, presidente del OCL, señaló que primero el estadio Nou Camp donde ahora juega el equipo de futbol León, no debió de pasar a manos de particulares, aunque aún se revisa en un juicio. Afirmó que los gobiernos deben de cuidarlos los inmuebles cuenta cuando administran bienes públicos.

Luis Alberto Ramos. Foto: archivo

El líder de la organización civil señaló que desde hace varios años es facultad de los municipios y con el apoyo de los colegios de valuadores, revisar los dictámenes y avalúos de la Dirección del Catastro. Consideró que es inusual que la secretaría de Finanzas cuente con su propia dirección de Catastro, pues “no tiene ningún sentido ya que no está actualizado, y se tiene a modo”.

Luis Alberto Ramos expuso que el valor catastral del predio tendría que ser dado por el municipio de León y el valor comercial se tiene que dar en razón del predio y las avenidas, así como los valores y servicios.

Aludió que el valor razonable no lo puede dar la Secretaría de Finanzas y lamentó que los criterios que ha utilizado la dependencia, también sirvieron para la operación de venta de los terrenos en el Puerto Interior para la empresa denominada Sky Plus.

Ante la compraventa de las 12.4 hectáreas con un supuesto sobreprecio, Luis Alberto Ramos indicó que necesariamente se debe de revisar y valorar, ya que se evidencia que al parecer se le otorga un negocio a un grupo, pero esto a costa de perder otro, a parte de pagar el valor del predio con la infraestructura que se le tendrá que adecuar.

Por último, el presidente del OCL afirmó que es fundamental que este tema sea revisado por los órganos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato. Además, puntualizó que se deberá de revisar si se tuvo un posible enriquecimiento, ya que la persona que demanda el pago no determina si era libre de impuesto, de ser así se podría tratarse de una simulación y una falta ante el fisco.

1 comentario
  1. antonio dice

    La pregunta es que hizo bien miguel.marquez, la compra de medicamentos, el programa escudo, la compra de terrenos, venta de terrenos liberacion de delincuentes(su primo) despojo sistematizado con sentencias giradas por jueces y magistrados, en contra de particulares. Que ha hecho bien,

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