Tras remoción de directora del Implan, ediles de Guanajuato renuncian a participar por las ilegalidades en el caso

Guanajuato, Gto. Por la serie de irregularidades cometidas por el presidente municipal Edgar Castro Cerrillo y por el cumulo de ilegalidades en el caso de la remoción de María Esther Areaga, del Instituto Municipal de Planeación (Implan), el regidor sin partido Jaime Emilio Arellao Roig y el síndico Ramón Izaguirre Ojeda renunciaron a la presidencia y la vocalía respectivamente, de la Junta Directiva de la paramunicipal.

Jaime Emilio Arellano Roig a la izquierda y Ramón Izaguirre Ojeda a la derecha

Ambos ediles entregaron un escrito ante la Secretaría de Ayuntamiento que encabeza Carlos Torres Ramírez, en el que manifiestan su renuncia con carácter de irrevocable, a manera de protesta por la salida de María Esther, por cómo se ha pasado por alto a la Junta Directiva, y por los abusos de autoridad de Edgar Castro y Carlos Torres.

En el documento señalan una serie de irregularidades e ilegalidades que se cometieron por parte del alcalde, como el hecho de que no ha cerrado administrativamente el convenio que firmó con la UG para la elaboración de un estudio, por lo que también piden que el tema sea investigado incluso por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El síndico Ramón Izaguirre aseveró que esta situación se trata de un golpe duro para el Implan, por lo que se cuestiona la subsistencia de la instancia.

Los motivos

Argumentan que fue totalmente ilegal que se haya removido del cargo a María Esther Arteaga, porque no fue el ayuntamiento quien hizo el nombramiento sino la Junta Directiva, la misma a la que le correspondía su destitución.

Edgar Castro se escudó en el artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal para justificar la sesión extraordinaria y secreta, pues señala que las solicitudes de licencia y los casos de destitución de servidores públicos nombrados por el ayuntamiento podrán ser materia de sesión privada.

Señalan que se contravino la Ley de Transparencia, que señala que el listado de servidores públicos sancionados es público, igual que las casusas de sanción, “suponer lo contrario impide a la ciudadanía conocer los hechos que llevaron a remover a una funcionaria pública, que a decir de la mayoría de este órgano edilicio incumplió con sus funciones”.

“Se debe abrir a debate porque no hay ninguna causa que lo impide excepto el interés en la opacidad”.

Que investigue ASF incumplimiento de Edgar Castro

En el escrito también critican los incumplimientos reiterados por parte del presidente municipal Edgar Castro Cerrillo, pues a la fecha no ha integrado el Consejo Consultivo del Implan.

Además de que no ha realizado los procesos correspondientes para cerrar administrativamente el convenio que suscribió con la Universidad de Guanajuato, el pasado 12 de diciembre del 2016, para la elaboración de un estudio para la elaboración de Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), que tiene errores “que deberían ser investigados”.

“Al día de hoy se desconocer por qué la presidencia no ha hecho el cierre administrativo del mismo o no ha informado de él, no obstante que compromete recursos federales. Por eso es que pedimos que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo la investigación que corresponda”.

Reprocharon que la mayoría del ayuntamiento, haya negado abrir a consulta pública el POET, para poder avanzar en la materia, pues el propio alcalde manifestó que no era procedente por las inconformidades de diversos grupos de trabajo.

Refieren el caso de Francisco Robledo que fue contratado por el Implan como consultor externo para prestar servicios profesionales, y hacer responsable a María Esther Arteaga de las conductas que se le imputaron a él, significa un desconocimiento administrativo muy grave.

Francisco Robledo es responsable de la obra ubicada en el bulevar Euquerio Guerrero, a la cual se otorgó un permiso de construcción de dos niveles, pero que levantó cuatro. Este hecho fue criticado por Edgar Castro y refirió que se trataba de personal del Implan y que habría consecuencias.

“Si ahora se pretende que se vigile también a las personas que se contratan por honorarios (…) entonces tendremos que asumir que mayor razón habría para que responsabilicemos y sancionemos al alcalde por cada irregularidad cometida por el personal administrativo”.

Sobre la construcción en la calle de Pocitos, de María Esther Arteaga, consideraron que la suspensión de la obra también fue ilegal, pues el proyecto cuenta con los permisos tanto municipales como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “se basaron en un hecho falso para remover a dicha funcionaria”.

Rechazan nombramiento

Los ediles rechazaron tajantemente el nombramiento como encargado de despacho del Implan, de Jesús Blanco, que hizo el secretario de ayuntamiento Carlos Torres, excediéndose en sus funciones, pues le corresponde a la Junta Directiva hacerlo. Piden una investigación al respecto.

“Debemos reconocer que al final se logró lo que muchos de ustedes pretendían: impedir la aprobación de un plan de ordenamiento”.

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