San Miguel de Allende, Gto. Organizaciones civiles como el Jardín Botánico “Charco del Ingenio” y el Observatorio Ciudadano han venido señalando la pretensión del Gobierno municipal de incidir en cambios de uso de suelo, en áreas definidas como zonas ecológicas, para proyectos inmobiliarios, y pretendiendo el desacato hacia la resolución dada por el tribunal.
Antecedentes
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET) acordó que se respetaran las áreas ecológica adyacentes al Charco del Ingenio, lugar declarado como zona natural protegida.
A partir de una demanda de nulidad interpuesta por el Observatorio Ciudadano de los Sanmiguelenses A.C. , el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado determinó que el nuevo Programa Municipal (PMDUOET) mantenga la integridad territorial de la Zona de Preservación Ecológica del Charco del Ingenio y Zonas Aledañas, conforme a la Declaratoria que le dio origen en 2006.
Dicha zona protegida fue modificada de manera irregular por el Cabildo en 2017, por iniciativa del ex alcalde Ricardo Villarreal García, sustrayendo diversas secciones de la misma para otorgar usos de suelo favorables a negocios inmobiliarios y de otra índole.
Tal modificación figuraba ya en el proyecto final del PMDUOET, Sin embargo, la oportuna resolución de la Sala Primera del Tribunal, que concede una suspensión definitiva mientras se desarrolla el juicio de fondo, dejó sin efecto la inclusión de la desafortunada decisión del Ayuntamiento anterior en el PMDUOET.
Al respecto se señaló que evidentemente, la autoridad municipal está obligada a cumplir con la resolución judicial, de lo contrario incurriría en un grave desacato, ante lo que los representantes de las organizaciones civiles refieren:
“Las organizaciones celebran la demanda de nulidad presentada por el Observatorio Ciudadano AC, pues refleja el creciente reconocimiento del valor patrimonial del Charco del Ingenio por parte de sectores representativos de la sociedad civil.
Pero sobre todo celebran los claros argumentos del Tribunal, pues reflejan una nueva conciencia de los magistrados sobre las importancia de las áreas naturales y los servicios ambientales que prestan a la población. Citamos algunas estimaciones del Tribunal de Justicia Administrativa (Exp. 2317, 1ª Sala/19):
Considerando los intereses de ambas partes, quien resuelve determina que en la causa del conocimiento debe predominar el derecho humano a un medio ambiente sano sobre la política de desarrollo (aprovechamiento y ocupación) territorial aludida por la autoridad demandada.
Lo anterior es así porque la protección del medio ambiente y los recursos naturales es de tal importancia que significa el «interés social» de la población y particularmente de los habitantes de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, lo cual implica y justifica, la necesidad de preservar y mantener ese interés”.
Por lo que el tribunal llego al siguiente acuerdo: Por lo antes expuesto…, se concede de manera definitiva la suspensión solicitada, para efecto de que el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, se abstenga de incluir en el «Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) 2019-2040» la modificación a la zona de preservación ecológica El Charco del Ingenio y zonas aledañas, con el objeto de evitar perjuicios irreparables al interés social por el impacto y las consecuencias que se producirían, así como para evitar causar impactos ambientales adversos que pudieran afectar a la población en general.
El Municipio habría acatado tal resolución desde el mes de febrero mas representantes de organizaciones civiles señalan que a principios de este marzo, el Municipio ha inferido tratar de cambiar el uso de suelo de ciertas áreas adyacentes al Charco, y que están contempladas dentro del zona ecológica para llevar a acabo un proyecto inmobiliario.
Así mismo los inconformes con las pretensiones municipales señalan :
“Afortunadamente el juez ha emitido las suspensiones ordenando a la “autoridad” municipal reintegrar el polígono a su estado original. Estamos en espera de una sentencia final y estamos seguros que será a favor del bien común.
Hay gente que no ha acabado de entender que el país está cambiando”.
