La militarización de México sigue avanzando, detención y muerte, crímenes de lesa humanidad es el significado de las fosas clandestinas encontradas recientemente en Veracruz, Michoacán, Aguascalientes, Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco (2013 y 2014, en el municipio de La Barca), Ciudad de México, Guerrero; las fosas clandestinas con más restos humanos encontrados se ubican en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Chihuahua y Durango, en estos, se registra el 81%; los exgobernadores siguen intocables, gozando de impunidad y privilegios, con un gobierno federal y estatal que dice respetar el Estado de derecho.
Mientras los ciudadanos con uñas y manos, herramientas rudimentarias, buscan a sus familiares, a sus seres queridos, desaparecidos, en barrancas y montañas, ante el poco interés y la falta de necesidad de la clase gobernante municipal, estatal y federal, la cual está solamente dedicada a cometer actos corrupción y crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos, sin respetar la ley ni el Estado de derecho.
Existen cifras oficiales que son alarmantes de desaparecidos en México, 28 mil 500 personas desaparecidas, esto significa más fosas clandestinas en México no ubicadas; la Procuraduría General de la República informa que en el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, de febrero de 2007 a diciembre de 2012, se hallaron 68 fosas con restos de 378 personas, el número aumenta porque estas cifras son inferiores a lo que acontece en la realidad, porque las autoridades disuaden con trámites burocráticos, que llevan a la desesperación y a la angustia de los denunciantes, para no registrar a los desaparecidos; por ello, el número de desaparecidos aumenta día con día.
Por ejemplo desde enero de 2013 hasta enero de 2016, la Procuraduría General de la República contaba con 156 fosas con 303 restos humanos, por lo que, entre febrero de 2007 y enero de 2016, en el país se han encontrado 224 fosas con 681 restos, mas las fosas clandestinas encontradas en mayo de 2016, en Tetelcingo, Morelos, en julio de 2016, dos fosas clandestinas encontradas en el municipio de Pánuco, Zacatecas, en agosto de 2016, fosas clandestinas en Alvarado, Veracruz y en marzo de 2017, en el Puerto de Veracruz, Veracruz, 58 fosas con una cantidad aún no determinada de restos humanos, seguirán encontrando más fosas clandestinas llenas de restos humanos.
Otro ejemplo contundente de que existirán más fosas clandestinas, es lo sucedido recientemente en Veracruz y en el estado de Guerrero, donde, en octubre de 2016, el Gobierno federal reporta haber encontrado 88 fosas con los restos de al menos 169 personas; 80 de esas tumbas clandestinas, con 155 cuerpos, sólo en el municipio de Iguala, Guerrero. ¿Sabremos algún día la identidad de los asesinados con impunidad en el Estado de derecho? Ya que más del 80 por ciento siguen sin ser identificados, por ejemplo los restos encontrados en San Fernando, Tamaulipas, siguen sin tener identidad, a pesar que desde hace dos años el gobierno federal y gobiernos locales trabajan en la implementación de bases de datos genéticos, análisis del ADN.
Por otra parte, no los buscan, porque es irresponsable las clase gobernante que tenemos, esto origina desconfianza y descrédito de los que gobiernan porque utilizan las instituciones para uso y usufructo personal, es enriquecimiento ilícito, por ello, los escándalos de corrupción son endémicos.
La clase gobernante entierra la verdad y los ciudadanos se encargan de desenterrarla para hacerla pública, como ha sucedido con los crímenes de lesa humanidad: la masacre de 45 indígenas desarmados en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, por parte del gobierno federal, estatal y municipal, sembrando miedo y temor desde 1995 para justificar la intervención militar.
En el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos desarmados y 23 más heridos el 28 de junio de 1995, por fuerzas policiacas estatales y municipales; 4 de mayo de 2006, la policía federal, estatal y municipal reprimió a pobladores de San Salvador Atenco por órdenes por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, asumieron su responsabilidad y autoría en el que existieron muertos, heridos y detenidos, en la cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México señaló violaciones graves a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los servidores públicos cometieron “violaciones graves de garantías individuales” en contra de pobladores.
Militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, la CNDH emitió la recomendación 51/2014 para la Sedena, la PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; el 26 de septiembre de 2014, 6 personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen y siguen desaparecidos en Iguala, Guerrero, por fuerzas federales, estatales y municipales, la ONU condenó estos hechos, el gobierno de Estados Unidos, el Vaticano y varios gobiernos europeos repudiaron estos hechos sangrientos y el asesinato de estudiantes desarmados.
El 6 de enero de 2015, en Apatzingán, Michoacán, policías federales y estatales ejecutaron a civiles desarmados con un saldo de 16 muertos y decenas de heridos; el 19 de junio de 2016, policías federales, estatales y municipales dispararon con armas de fuego en contra de los pobladores desarmados de Nochixtlán, Oaxaca.
Los sucesos descritos apuntan a un crimen de lesa humanidad por parte de la clase política gobernante posmodernista en México, que quiere seguir gobernando con la compra del voto y no dejar el poder público.
Es imposible creer que las autoridades municipales, estatales y federales no estaban enteradas de estos crímenes de lesa humanidad; es tanta su complicidad entre ellos y sus lazos estrechos con el crimen organizado por la impunidad que existe, así quieren seguir gobernando, comprando votos, comprando los cargos públicos. El voto está en subasta, en el mercado libre.
Esta es la línea de crímenes de lesa humaniad cometidos por la clase política gobernante corrupta y asesina en contra del pueblo mexicano. Es un carnaval de asesinatos en el que no hay detenidos; es el festín de los cárteles de las drogas ante un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad, y conserva el poder mediante la compra y venta de votos. El voto mercancía, manchado de sangre, que un pueblo empobrecido vende por unos cientos de pesos, para mitigar por unos instantes de su vida el hambre y su miseria; por ello, es importante para ellos conservar la pobreza de la mayoría de los mexicanos, en el que todos los partidos ganan el juego de suma cero; son momentos en que van a incrementar la violencia institucionalizada y la inseguridad para seguir gobernando con miedo y temor, es el surrealismo político mexicano.
El voto no cuenta, solo el dinero que posee la minoría que gobierna y con su inversión recupera el porcentaje que cobran por contratos de obras públicas o con los que financian las campañas electorales, les pagan otorgándoles contratos para proporcionar servicios públicos, haciendo posible el aumento de la corrupción.
Observen ustedes, la impunidad lleva a crímenes de lesa humanidad; por esa razón, se fortalece la clase política gobernante corrupta y asesina con los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, debido a que solo funcionan como recicladores. En consecuencia, la Iglesia católica esta reaccionado, porque está perdiendo fuerza moral ante este escenario desalentador, incluso el Obispo de Cuernavaca convoca pactos con el diablo en Morelos, para ganar credibilidad, ya que los conductos del sistema político se tensan por los nudos que existen y no son desatados.
Los gobernadores endeudan sus entidades, no hay inversión ni crecimiento económico, están al borde del quebranto financiero; la desconfianza hace posible que el discurso político le falte contenido, aflora con intensidad el malestar social y enojo; los espacios políticos están acotados para el actuar del pueblo, los líderes y dirigentes de los partidos políticos están en pleito permanente por espacios publicos y por controlar los recursos públicos, defensores del estado de cosas que no quieren el cambio, son conservadores; calculan el saqueo sistemático de los recursos públicos.
Aman a México, pensando en datos electorales, calculando el siguiente negocio para acumular dinero y realizar sus proyectos personales, renegando de los proyectos sociales. De esta manera se alejan de sus orígenes, de la crítica y de la autocrítica, pues solo pelean para ver quién obtiene más recursos económicos al privar del bienestar común a sus ciudadanos. Es decir, se olvidan que la vida política es pública no privada.
Las rutas políticas están vedadas para los sin partido, existen rutas diferentes entre la sociedad y clase gobernante, cada uno tienen sus diferentes caminos, separados; la clase política gobernante se dedica a sus asuntos privados, porque no quiere defender los asuntos sociales y económicos del pueblo, estos minoritarios no se mueven en estos circuitos de pobreza y miseria, no les interesa el crecimiento del 5% de la inflación que genera mayor pobreza y miseria, mientras la pequeñísima minoría de la clase política gobernante corrupta y asesina tiene sueldos insultantes y privilegios monárquicos, están llenos de odio y miseria humana con sus ilegalidades autoritarias sin contar con la necesaria legitimidad: confunden legitimidad con el miedo y temor; por ello, prefieren un sistema policiaco y militarizado, para seguir con los crímenes de lesa humanidad y la corrupción, ya que se sienten intocables, por la impunidad que los rodea. Tienen mucho dinero para comprar votos, instituciones, construir organizaciones civiles con fines de lucro.
Por lo que es nuestro deber, ante una izquierda vacía, una derecha que gobierna y genera parálisis e ingobernabilidad, entender la tensión en las líneas del tiempo del sistema y sus relaciones en las “jiribillas” políticas de la clase gobernante que se siente cómoda, impune e intocable: es nuestro deber participar en los asuntos públicos y políticos.
La labor de esta clase política gobernante corrupta y asesina está afectando nuestras vidas, por ello, es necesario y útil politizarnos para resolver los problemas que nos afectan. Las decisiones públicas ya no deben ser tomadas por un grupo de especialistas, sino a través de procesos políticos que permitan la participación de la sociedad en los asuntos públicos, incluir en el sistema la dignidad. Tenemos que politizarnos más, para evitar los crímenes de lesa humanidad y que los gobernantes ya no actúen con impunidad: es nuestra necesidad e interés. Es cuestión de vida o muerte, participar o no en la política.
Además, no olvidar que otro asesinato impune, que cimbró la historia política de México, es el de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido la tarde del 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, cumplirá este miércoles 23 años sin haberse resuelto por pugnas políticas y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, México, el 1 de enero de 1994; existen varias líneas de investigación con sus confusiones y dudas, que existe en las pesquisas judiciales y en nuestro subsistema de justicia jurídica, después de 6 años, el 20 de octubre del 2000, la Procuraduría General de la República comentó que el expediente constaba de 174 tomos, 68 mil 543 fojas y 296 anexos. Desde el 18 de marzo de 2004 la PGR no ha vuelto a emitir información oficial sobre el caso.
Entonces, entender la política es saber mejorar nuestras vidas y no quede en manos de unos pocas que se enriquecen con nuestra libertad y la distribución de la justicia para acrecentar la desigualdad social, económica y política; es reconocer lo valioso, participar en las actividades políticas para obtener resultados que eleven nuestra dignidad y mejorar nuestra condición de vida, que respeten nuestros valores políticos que nos mantienen unidos como nación, demostrar que no todo es dinero para hacer respetar nuestra existencia a la que tenemos derecho de defender. Tenemos la obligación de luchar por conservar la vida ante la amenaza de los crímenes de lesa humanidad de un gobierno que no quiere dejar de gobernar.
* Octavio Aristeo López es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
oaristeolopez@gmail.com
