Las regiones electorales, distritos electorales, son zonas de guerra en época de elecciones; los espacios vacíos se ocupan e incluso se llega a la violencia física, esto es normal si se utilizan estrategias de guerra; por ello, en cada proceso se buscan acuerdos entre los contendientes para tener una lucha civilizada y evitar la violencia provocada por el exceso del ruido discursivo.
Cada candidato es un estratega, militar civil, al diseñar su campaña electoral en cada espacio territorial que le corresponde ocupar y ganar, entre otras cosas, comprando, financiado a empresas encuestadoras para manipular datos que sirvan de ayuda en las preferencias electorales, pagar notas informativas que acrecienten su imagen en los medios de comunicación y generar interés con versiones periodísticas en especular triunfos y derrotas.
En esta guerra electoral la amenaza es ganar por ganar, a veces a toda costa, comprar votos; la lógica del poder por el poder, limitan el campo a la participación ciudadana; por ello, 7 de cada 10 mexicanos señalan que el voto no cuenta, porque el voto se mercantilizó, demuestra que los partidos políticos no son sinónimos de democracia al disputarse el territorio en sus luchas políticas los dirigentes y líderes partidistas.
Al tomar posesión del cargo realizan la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen… mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciese, que la Nación lo demande.”
Aquí observamos que no cumplen con la totalidad del juramento constitucional, es decir, solo cumplen con los que les conviene, de ahí su interés por participar e invertir sumas millonarias en los asuntos electorales, porque cada triunfo significa robar los recursos públicos, robarse hasta la Presidencia de la República, así recuperar lo invertido al ejercer el lavado de dinero y actuar al margen del Estado de derecho, que privilegia la impunidad y la corrupción.
Gustosos participan los empresarios, minoría beneficiada en la defensa de las corporaciones financieras nacionales e internacionales, están de acuerdo, los narcos son respetados hasta por la iglesia.
De esto, están informados los gobiernos de otros países y la prensa internacional, incluso los migrantes mexicanos se ocupan de los temas de violación a los derechos humanos, la asociación del narcotráfico con el gobierno y la clase política, unidos conforman el crimen organizado en México.
Los poderes fácticos y parapolíticos que influyen en el gobierno llegaron al extremo en el que, solo el voto de castigo los detendrá, será doloroso para ellos, si es que se respeta el voto; la clase política está en guerra causando daños colaterales, individuales y sociales, en sus rencillas dividen a la sociedad. Es un diagnóstico que no tiene solución, ya que tratan de revertir estos escenarios, fomentando la venta y compra del voto consensuado entre los participantes; cada voto tiene un precio de acuerdo al adorno y las necesidades económicas de los compradores y los vendedores en mercado libre.
Por ello no pueden gobernar, necesitan utilizar como instrumentos de miedo y temor a las fuerzas armadas: Ejército, Fuerza Aérea, Marina de guerra y guardia nacional. ¿Quién es el Comandante Supremo? El Jefe del Poder Ejecutivo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sentencia: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: … IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes. VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.”
Por lo mismo, la Ley Orgánica de la Armada de México sanciona: “Artículo 5… El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Para efectos de esta Ley se le reconocerá como Mando Supremo de la Armada de México”. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dictamina lo mismo el artículo 11 y 13; es adecuado rescatar que el artículo 13 señala: “El Presidente de la República dispondrá en un Estado Mayor Presidencial”.
Otro dato importante, es lo que dispone la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: “Artículo 5/o. Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por norma Constitucional pertenecen al Servicio Militar Voluntario o al Servicio Militar Nacional”.
¿Qué quiere decir este artículo? Lo especifica claramente la Ley de Servicio Militar que impone: “Artículo 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización…”
El Artículo 5 de la Constitución solo dice sobre este tema: “En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados…”, sí, el Jefe del Poder Ejecutivo es Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, también lo es de las mexicanos y los mexicanos de acuerdo con la Ley de Servicio Militar pertenecemos obligatoriamente al Servicio Militar Voluntario que sustenta la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resuelve: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente… podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.
De acuerdo con lo expuesto: si existe guerra electoral, desencadenará una guerra militar, motivo para suspender las garantías individuales y restringir los derechos políticos y humanos.
Además, el Jefe del Poder Ejecutivo tiene a su mando la fuerza pública para ejecutar las sentencias y órdenes de los jueces como señala la Ley de la Policía Federal, esto hace dependiente el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, porque una de las facultades y obligaciones constitucionales del Jefe del Poder Ejecutivo es “XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.” (Artículo 82).
Por ello, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República enjuicia: “Artículo 2. Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación”. El Ministerio Publico persigue a los delincuentes y asesinos.
Por lo que, la seguridad interna del país está a cargo del Secretario de Gobernación, como resuelve el Artículo 84 constitucional: “En caso de falta absoluta del Presidente de la República… el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”.
Ante la ausencia del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, el beneficiado directo es el titular, el Secretario de Gobernación, así el Artículo 80 dictamina: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.”
Por ello, el gobierno no puede gobernar y necesita de las fuerzas armadas, como si estuviéramos en guerra y dejar al margen el ámbito jurídico, la ética, la moral y la dignidad, que podemos comprobar ampliamente en cada proceso electoral.
*Octavio Aristeo López es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
Correo electrónico: oaristeolopez@gmail.com
Twitter: @oaristeo
