El sistema jurídico, afirman los eruditos en la materia, es un cuerpo operativo de instituciones, procedimientos y normas jurídicas. Los mexicanos tenemos una tradición jurídica que es parte de nuestra cultura y que es el sustento fundamental de un gobierno democrático racional para establecer y mantener la separación de poderes y en particular de conservar separado del Poder Judicial, los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que existan un sistema de controles y equilibrios, en especial importancia del Poder Judicial.
Esto fortalece la democracia, el federalismo y la República en México. Así, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene su origen en el Supremo Tribunal de Justicia contenido en la Constitución de Apatzingán de 1814 de José María Morelos y Pavón, en el que sustituyó a los tribunales de la colonia (Audiencia de México y el Consejo de Indias), que estaban sometidas al Rey o al Virrey; por lo mismo, afirma en su Artículo 4 que “el gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad”. Además, en el Artículo 12 dice “Estos tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse, ni por una sola persona, ni por una sola corporación.” El Artículo 103 señala que, el Supremo Congreso elige a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente señala en el Artículo 49: “El Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación”; Articulo 94: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito” y el Artículo 96: “Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación”.
Entonces, para que el Poder Judicial no esté sometido al Poder Ejecutivo, éste no puede nombrar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De aquí, que la realidad es otra, ya que existen muchos hechos demostrables como la dependencia del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo en México. Esta división de poderes es una simulación y afecta al país, en convertirse en un país fuerte, solo es humillar al pueblo mexicano, fomentar la impunidad y la corrupción.
Ante tal situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en teoría, pone en entredicho la independencia del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, origina conflictos y poca claridad en sus decisiones; su comportamiento es el de operador de una maquinaria bien diseñada y construida en forma mecánica, que incurre en desgracias que deshonra la justicia y el derecho.
También, en teoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus superiores responsabilidades; por ejemplo, defender con pulcritud el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para mantener el equilibrio entre los distintos Poderes, pero existe opacidad y secrecía en las actividades y decisiones para cumplir los caprichos de un Poder Ejecutivo que comete errores graves en gobernar y ser representante de los mexicanos, protege a corruptos y asesinos.
Desde 1928 el Poder Ejecutivo ha gozado de la facultad de proponer ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 1994 como resultado de la reforma constitucional el Jefe del Poder Ejecutivo propone a los ministros a través de una terna al Senado. En la Constitución de 1917 original la decisión de nombrar ministros correspondía al Congreso acatando el espíritu libertario de la Constitución de Apatzingán de 1814.
La justicia y el derecho en el México real, señala que no existe una división de poderes clara en nuestra Constitución y encontramos hechos contundentes que demuestran la claridad de que no hay una verdadera división de poderes en nuestro país; por lo mismo, no puede haber certeza en un proceso penal, la certeza es un objetivo de todo sistema legal en cualquier país; por consiguiente, la certeza de la ley es un valor jurídico abstracto que refleja la desconfianza que se tiene de los integrantes del Poder Judicial en México que se amoldan a las circunstancias o para adaptarse a las exigencias de un caso en particular, como el presidencialismo, a cada instante está en duda la existencia de la justicia y el Estado de Derecho en México.
De aquí, que si los jueces no son vigilados cuidadosamente respecto a su manera de interpretar la legislación, la ley se volverá mucho más incierta, la injusticia predominara y la violación a los derechos humanos.
El Poder Judicial puede ser un detonante social en su fracaso e ineficiencia en aplicar e interpretar la ley al obstaculizar la administración de la justicia por la constante tensión en aplicar y ejecutar venganzas, olvidando la ética y postrarse ante el vencedor, ante el Poder Ejecutivo y la justicia no sea accesible a todos los mexicanos.
Por consiguiente, ya deben los expertos jurisconsultos desinflar la influencia del Poder Ejecutivo que tiene sobre el Poder Judicial, es decir, realizar la reforma constitucional correspondiente y desaparecer la miseria y comedia humana en la procuración de justicia mexicana y la vigencia del Estado de Derecho.
De aquí que, la inexistencia de la división de poderes, es causa de injusticas y no permite el desarrollo de una sociedad, por lo que, debe reformarse para avanzar y dejar de caminar en círculos, siguiendo los rencores sociales y la hipocresía de los pocos beneficiados en la justicia y el derecho en México.
Por lo mismo, Jesús Reyes Heroles señalaba: “Los técnicos son indispensables para la administración pública, pero las decisiones fundamentales son políticas y los elementos de juicio están en buena medida determinados por factores de orden político, dado que visualizar la coyuntura para implantar o no implantar alguna medida supone esencialmente una evaluación y apreciación política. Sin política se pueden hacer muchas cosas, pero gobernar, en el poder o en la oposición, es imposible. Para gobernar se tiene que recurrir, sin tapujos, a la política”.
Por ello, revolucionar es esencia contradictoria de la realidad, de ahí que, el pensador político mexicano Jesús Reyes Heroles (1921-1985), jurista, historiador y también académico, afirme que forma es fondo (contenido) y fondo (contenido) es forma; la forma es el componente abstracto de los caracteres objetivos del concepto revolución y el fondo (contenido) está la contradicción en su interior; de aquí que a pesar de la unidad existen diferencias y rasgos específicos en los grupos sociales, ya que la realidad es el reflejo del concepto revolucionario: “Vivimos en un orden establecido en constante cambio, cuyo sentido y significado es bien claro: estamos en una revolución en evolución revolucionaria. Que no se subestime lo que implica la evolución revolucionaria. Ella se traduce en hechos, en movimientos, en consolidaciones y avances, en estrategias y tácticas… tenemos una tradición de evolución revolucionaria, de gobierno revolucionarios por origen y definición con altas y bajas, con flujos y reflujos, en el impulso e intensidad revolucionaria, que pocos países pueden vanagloriarse de tener”.
Esto reafirma que nuestro concepto de revolución es diferente al de otros países y al de otros pensadores políticos. Por ser formas y manifestaciones en la realidad determinada por cada país, por su carácter y sus rasgos específicos, entonces existe variación en el concepto revolución que está inmerso en el desarrollo histórico de cada nación.
Por lo que, un político que vive de la política no puede ser revolucionario, invoco al pensador alemán, Max Weber, que dice: “Aquel que vive de la política como profesión, pretende valerse de ella para convertirla en fuente permanente de ingresos; mientras que si vive para la política el nivel en que se halla es otro… Cuando la dirección de un Estado o de un Partido está en manos de gente que, en el significado de lo económico, vive para la política y no de la política, constituye un reclutamiento plutocrático de los estratos políticamente dirigentes”.
De aquí, que la historia de México, recuerda la sentencia de Benito Juárez García, decía el 28 de mayo de 1864 “la historia contemporánea registra el nombre de grandes traidores que han violado sus juramentos y sus grandes promesas; que en estas traiciones el traidor ha sido guiado por una ambición de mando y un vil deseo de satisfacer sus propias pasiones y aun sus mismos vicios… pero hay una cosa que está fuera de alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará”.
Vivimos los mexicanos momentos políticos importantes, las fuerzas políticas están revolucionando sentimientos y un proyecto de nación para fortalecer la independencia de México, convertirlo en uno de los países más importantes en esta época de la globalidad; existen elementos importantes para lograrlo:
- Respetar y fortalecer la soberanía del pueblo mexicano.
- El poder político que dimana del pueblo se instituye para beneficio del pueblo mexicano.
- El pueblo mexicano tiene el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno.
Estos principios están en el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente, y que son parte de los treinta y ocho puntos de los Elementos Constitucionales, redactado el 30 de abril de 1812, que son los lineamientos de proyecto de los Sentimientos de Nación de José María Morelos y Pavón, en la lucha por una nación independiente, en el que algunos todavía aceptaban la monarquía española y otros no, disputas personales por los todavía tienen sueños monárquicos e intentan vivir en una monarquía.
El pueblo mexicano es el soberano, el gobierno tiene que beneficiar al pueblo mexicano, el pueblo mexicano tiene el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. El pueblo mexicano debe ser el beneficiario de toda reforma en la justicia y el derecho, no para un grupo de extranjeros que viven en México y son protegidos por el jefe del Poder Ejecutivo en lugar de gobernar para los mexicanos, está traicionando a México.
De aquí que los acuerdos entre la clase mexicana es arduo, complicado y difícil, porque existen chantajes de la clase política que tiene ambiciones y sólo ve por el bien particular que por el interés público, por el interés del pueblo mexicano. Por ello, desde 1812, se declaró en el punto 27 de los Elementos Constitucionales: “Toda persona que haya sido perjura a la nación sin perjuicio de la pena que se le aplique, se declara infame y sus bienes pertenecientes a la nación”.
El pueblo es el soberano, con un gobierno liberal no tiránico, que las buenas leyes del Congreso de la Unión “que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”; la justicia y el derecho en México es el patriotismo de los gobernantes y de los gobernados, moderar la riqueza, aumento salarial, mejor educación y que los gobernantes se alejen de la rapiña y el hurto de los recursos públicos.
Así, con justicia y el derecho en México podemos combatir el hambre, no con migajas, ni con maíz transgénico que trae enfermedad y muerte, ni protegiendo a exgobernadores y gobernadores como los de Veracruz, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, entre otros. Es el caso de Puebla, la Auditoría Superior de la Federación ubicó a Puebla con mayor cantidad de deuda no reportada ante la SHCP, la cual alcanzaba al cierre de 2015 la suma de 24 mil 655 millones de pesos, ya existe información de la situación fiscal de la entidad y no se actúa.
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México.
oaristeolopez@gmail.com
