Chiapas es un problema, en el que los últimos gobernadores que ha tenido se dedican al desfalco del erario público, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos para cometer delitos contra la dignidad de las personas, fraude electoral, entre otros, que fomentan la corrupción y el no respeto al Estado de derecho.
Es necesario aplicar la ley, señalará el filósofo contemporáneo francés, Jaques Derrida: fuerza es ley; sin la fuerza no existe la ley, si no se castiga a los servidores públicos que infringen la ley es porque no existe fuerza, voluntad ni carácter para aplicarla, entonces, el gobierno viola la ley y la sociedad observa que es fácil no cumplir con la ley.
Por ejemplo, se observa que la ley está ausente en Coahuila y en otras entidades del país, en el que, empresarios de medios de comunicación coludidos con los gobernantes locales aceptan realizar lavado de dinero y robar recursos públicos del erario público.
Estos son los que buscan la reelección. El caciquismo se considera la principal institución de la región y del país.
Por ello, ahí están los problemas legales electorales en Oaxaca, porque los caciques están acostumbrados a violar la ley; pero, para dirimir sus diferencias recurren a la aplicación de la ley diseñando estrategias legales para anular a sus enemigos en la lucha por el poder; aun sabiendo que tienen de su lado, como aliados, a los consejeros electorales y les permite jugar con las instituciones.
Para que no exista otro caso político semejante al que está sucediendo en Oaxaca, en Zacatecas, la Comisión Nacional Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional del PRD invalidó todos los actos y acuerdos emanados del Quinto Pleno Ordinario del Consejo Estatal para la elección de candidatos, situación que tendrá resultados adversos al centralizar las decisiones políticas que le corresponden a los perredistas zacatecanos, por lo que, nuevamente entrará en acción el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto traerá nuevas divisiones en las filas del perredismo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que trabajar horas extras para resolver los problemas políticos electorales del PRD en Oaxaca y en Zacatecas; además, de los errores de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral que llegan al extremos de violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A pesar de que varios consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral tienen estudios de Derecho, uno es doctor en derecho, violan la constitución al excederse en sus facultades administrativas, son pequeños dictadores.
Por lo mismo, tienen problemas al reclutar a sus supervisores y capacitadores electorales que no tienen habilidades legales ni el compromiso indispensable para reclutar y capacitar a funcionarios de mesa de casilla, observan la actitud de estos pequeños dictadores y reproducen la conducta, es problemática que viene arrastrando desde su origen el instituto electoral.
Ante esta situación, los dirigentes y líderes nacionales de los partidos políticos, ya están acostumbrados a manipular de modo sistemático y coordinado estar en contra de la ley, el ejemplo, reciente es el Partido Verde Ecologista de México.
Incluso, los servicios de inteligencia del gobierno mexicano están siendo desmantelados, violando la ley, creando una debilidad sistémica en torno al jefe del Poder Ejecutivo; por supuesto, todo esto beneficia al gobierno norteamericano que también tiene sus problemas electorales internos al tener su Andrés Manuel López Obrador en Donald Trump.
Por ello, es y será complicado conocer públicamente la lista de funcionario públicos vinculados con el narcotráfico, como señalé el lunes pasado en este espacio: “sería saludable para la Republica que den a conocer la lista de la clase política gobernante asesina y corrupta beneficiada del crimen organizado comandado por Joaquín Guzmán Loera. Conocer más sobre los narco-políticos en el Cartel de Sinaloa”.
Ya que esta información sirve como elemento de presión para negociar, más si consideramos que el gobierno norteamericano tiene metidas las manos en el listado, que involucra directamente a los gobiernos panistas y perredistas. Por consiguiente, señala el panista Diego Fernández de Cevallos “Que El Chapo no sea chillón, se aguante y no fastidie”.
Otro sector político, los jerarcas de la Iglesia Católica mexicana, acostumbrados a los privilegios, la Arquidiócesis de México, defiende su feudo religioso “atípico” rebelándose ante el regaño de su jefe político el Papa Francisco en su reciente visita a México.
Entonces, las movilizaciones campesinas y estudiantiles son necesarias para la defensa de los derechos y del Estado de Derecho en Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Que pueden estar infiltradas por miembros de fuerzas de seguridad, como sucede en Veracruz.
Las fuerzas de seguridad pública están obligadas a cumplir con la ley, si no lo hacen viene un estado de guerra y no en un Estado de Derecho, que lleva a vivir a un estado natural; de aquí la existencia y origen de los autodefensas en ciertas comunidades.
Ante este panorama político, es acertado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que es inconstitucional el delito “ultrajes a una autoridad”, estipulado en el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal, ahora, Ciudad de México, gobernado por el PRD. “Artículo 287. Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días de multa”.
Porque, existe facilidad de estos funcionarios públicos de convertirse en víctimas y salir de la cárcel a pesar de que roban, secuestran, trafican drogas o asesinan.
