Elogiado al principio por su habilidad para construir acuerdos e impulsar reformas, Enrique Peña Nieto se va repudiado por la gran mayoría de la población por la corrupción que propició durante su gobierno y su incapacidad para reducir la violencia y la inseguridad. El refrán “arranque de caballo fino y parada de burro viejo”, retrata muy bien el final de su mandato.
El Pacto por México fue el emblema inicial de la administración de EPN y la mala instrumentación de las reformas que de ese mecanismo emanaron, aderezada por el uso perverso de las instituciones, los escándalos de corrupción y su tendencia a tropezar una y otra vez en el ejercicio de gobierno, fue el colofón. Tuvo todo en sus manos para hacer un gobierno que trascendiera, pero terminó en el basurero de la historia.
La promesa de la modernización se descarriló con el enriquecimiento inexplicable propio y de sus cercanos y lejanos colaboradores, el asesinato de los 43 y la inverosímil “verdad histórica”; el socavón, la militarización del país, la manipulación de las instituciones y la indigna subordinación a Donald Trump que mantuvo hasta el final con la entrega de la Orden del Águila Azteca -la máxima distinción que México concede a extranjeros-, a su yerno, Jared Kushner.
La acumulación de estos desaciertos, abusos y escándalos concitaron el repudio de los ciudadanos que lo terminaron rechazando de forma categórica en las urnas. Por eso no creo que la gente esté de acuerdo con el “borrón y cuenta nueva” y el perdón que anticipadamente Andrés Manuel López Obrador concede a los corruptos.
No se trata de inventar delitos a nadie, simplemente, si hay violaciones evidentes a la legalidad o corrupción comprobada, se debe aplicar la justicia a secas. De ahí la importancia de un Fiscal autónomo, que no obedezca consignas del presidente, sino los dictados de la ley.
La atención a los grandes problemas nacionales debe estar encabezada por instituciones fuertes y respaldada por un gran acuerdo social que involucre a los poderes de la unión, los tres niveles de gobiernos y todos los segmentos sociales y políticos. Y debe tener como objetivo principal el poner el piso más parejo para todos sobre la base de los principios de equidad, transparencia, rendición de cuentas y cero impunidad.
Andrés Manuel debería honrar los 30 millones de votos que recibió con un ejercicio de gobierno incluyente, respetuoso de las instituciones, de la democracia, el federalismo y de las distintas fuerzas políticas que por sí mismas representan un porcentaje de mexicanas y mexicanos que también las favorecieron con su voto.
En el marco del inicio del nuevo gobierno, desde el PRD hacemos un llamado a la construcción de un Acuerdo Nacional en Defensa de la República Federal y Democrática para luchar porque baje el precio de las gasolinas, aumente el salario mínimo, se erradique la corrupción y la impunidad; que el ejército regrese paulatinamente a sus cuarteles, se cancele el nombramiento de los delegados, aumente el presupuesto federal para estados y municipios, incrementen los recursos a la educación y eviten reformas constitucionales al vapor.
La gran mayoría de los electores le concedieron un triunfo inobjetable a AMLO. Nadie debería regatear eso. Pero ello conlleva una gran responsabilidad que es colocar en el centro de la preocupación el interés de las y los mexicanos y no las ambiciones personales o de partido. Se requerirá de una amplia visión para no cometer los mismos errores del pasado.
Lo que ha pasado en el periodo de transición no es buen augurio, es menester corregir porque si bien el nuevo gobierno inicia con una buena aceptación ciudadana, no hay que olvidar que así comenzó el de Peña Nieto.
Hay una gran expectativa y respaldo social para la administración que hoy comienza, sería un grave error dilapidarlos con interpretaciones equivocadas del mandato popular. Si a alguien reprobaron el 1 de julio los mexicanos fue a funcionarios soberbios, arrogantes e insensibles.
