En América Latina, falta mucho trabajo por hacer para garantizar los derechos de las y los infantes en general, pero particularmente hablaremos en esta ocasión apreciables lectores, de aquellas y aquellos que se encuentran en proceso de divorcio de mamá y papá, y de aquellos también que posterior a… Continúan siendo violentados por alguno de los dos progenitores, mediante el ejercicio de alienación parental, o de la común irresponsabilidad económica, moral y de crianza que apunta estadísticamente, principalmente a papás varones.
Tan sólo en México, de 2000 a 2017, se dio un aumento es la tasa de divorcio del 182%, la cual ejemplifica que, en 2000, se registraron aproximadamente 52 mil, mientras que, en 2017, la cifra se elevó a 147 mil, según el INEGI. La estadística es alarmante, y no desde una interpretación precisamente moralista, sino desde el entendimiento de que ante esas cifras, tenemos una responsabilidad gigantesca en legislación y de política pública para que nuestras leyes garanticen -como decía al inicio- no sólo los derechos de hijas e hijos, sino también el cumplimiento de las obligaciones de las madres y los padres de familia, entre ellas, la de cuidar, velar y proteger la salud mental y emocional de las y los menores.
En 2019, estuve en Chile participando en un proyecto de servicio y colaboración social -como psicólogo- en un Centro de Rehabilitación por Consumo de Drogas en Valparaíso, y colaborando profesionalmente con la capacitación a profesoras y profesores en “Liderazgo Docente”, en el sistema educativo público de Viña del Mar, y tuve la oportunidad de conocer de cerca, tanto por los usuarios del Programa de Rehabilitación, como por parte de los docentes en las Instituciones Educativas, la problemática compartida con nuestro país de atender con mayor contundencia a niñas y niños violentados en su estabilidad psicológica durante los procesos de divorcio. La estadística de divorcio en Chile es mucho menor, sin embargo, no es tan desproporcionada comparada con México, tomando en cuenta la cantidad de población de ambas naciones latinoamericanas.
Tenemos un problema cultural generalizado en la región. Existe la necesidad de entender que, la responsabilidad de la salud mental, y de la crianza de las y los infantes, es en primera instancia correspondiente a las madres y padres de familia. No podemos dirigir al estado la mirada con tintes de exigencia ante una problemática alarmante por lo que en primera instancia debiera atenderse en casa. Sin embargo, al Estado le corresponden las siguientes obligaciones, segmentadas con su respectivo peso a cada uno de los tres poderes:
- Ejecutivo: Fortalecimiento de la política pública a través de las secretarías y/o instituciones correspondientes y dependientes de él, respecto al trabajo en materia de prevención y generación de consciencia respecto a los riesgos que las y los infantes padecen ante los procesos de separación y divorcio.
- Legislativo: Aceleración en la generación de leyes más contundentes y aplicables puntualmente, ante la creciente y obvia constante vulneración de derechos de NNA, y del incumplimiento que padres y madres -estadísticamente, principalmente padres varones, como ya se dijo- tienen en sus obligaciones, pero además, de leyes que también sean más punitivas cuando se ejerce daño a hijas e hijos. Sí, lo dije claro: punitivas. Por ejemplo, cuántos padres hay, que dejan de pagar fácil y sencillamente a las madres, la pensión alimenticia que el juez determinó.
- Judicial: Garantía del cumplimiento de las leyes, y aceleración de los procesos burocráticos administrativos para la ejecución de las consecuencias por el incumplimiento de las sentencias.
Y sí, seré honesto, lo que más me preocupa, en este caso, es el poder judicial. Tendemos a decir verdades y generar crítica válida constante al poder ejecutivo, y al legislativo… Pero en este tema, la parte más preocupante, ejerciendo la oportunidad que tengo de expresar mi postura en mi artículo de opinión, es como ya mencioné, la inoperancia de justicia de dicho poder. No niego que ha habido avances, pero son mínimos respecto a lo que los miles de casos demandan.
La mayor preocupación
Seamos honestos… La estadística no miente. Culturalmente sigue predominando el machismo que lacera a la sociedad mexicana y latinoamericana en general. Esa ignorancia que sigue dejando heridas psicológicas y conductuales en las generaciones de mexicanas y mexicanos para la posteridad mientras la educación en la familia y la política pública no sean mucho más contundentes.
La cantidad de casos de padres que no cumplen con la sentencia del juez de pagar la determinada pensión alimenticia a la madre, es una realidad que supera a la ficción. Y es aquí donde retomo: El sistema de justicia -poder judicial- no sólo está superado, sino que en realidad no muestra gran ímpetu en hacer las cosas mejor. La responsabilidad es compartida, el legislativo debe crear mayores y mejores candados para evitar la saturación de denuncias y demandas sin sustento, aquellas que provienen de simples caprichos y problemas de matrimonio -no de incumplimiento o daño como figuras parentales- y que sólo buscan hacer eterna la disputa conyugal y personal.
Es una realidad, el Ministerio Público en México, parece tener analógicamente el mismo problema que el sistema telefónico 911 de emergencias: Está saturado de bromas. Sí, reitero, lo digo analógicamente. Hay una saturación debido a dos factores, la disputa eterna conyugal que sólo intenta destruir a la ex pareja, y la falta de puntualidad de leyes y procesos judiciales para efectuar denuncias y demandas que en verdad procedan y además con caso de urgencia a atender.
Pero no debemos tampoco negar la creciente preocupación por la incapacidad de la justicia en México para dar seguimiento a las sentencias, y para ejecutar las respectivas consecuencias por incumplimiento de las mismas.
Alienación Parental
El SAP (Síndrome de Alienación Parental) es ocasionado por el ejercicio intencionado de manipulación por parte de papá o mamá, para provocar en los hijos distanciamiento, resentimiento y oposición hacia el excónyuge, y según dijo Richard Gardner quien la definió en 1985, “Es un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno de los padres y de la propia contribución del hijo a la denigración del padre rechazado”.
Posteriormente, diversos autores dan continuidad al entendimiento y evolución del SAP, entre ellos Aguilar, quien definió los roles de los progenitores o figuras parentales de la siguiente manera: Progenitor Rechazado -es decir, el alienado- y Progenitor Aceptado -quien ejerce como el alienador-.
Lo más preocupante es que este síndrome es generado por dos personas, que en teoría, por ser adultos, deberían canalizar sus emociones de manera consciente sin involucrar a los hijos, que por vínculo tienen derecho a interpretar y a disfrutar a su madre o padre, bajo esa premisa. Hija, hijo… ¡No son cónyuge! Por lo tanto, no tienen por qué sentir a ninguno de sus progenitores desde la emoción de la madre o el padre que intenta denigrar la figura del otro.
Es de alarmante riesgo, no entender las serias problemáticas que se desprenderán psicológica, relacional y socialmente, en las hijas e hijos, al no vincularse y alienarse de cualquiera de sus figuras parentales, por el “lavado de cerebro” intencionado de papá o mamá respecto al cónyuge.
En Guanajuato, en 2014, el entonces diputado local de la LXll Legislatura, de la bancada del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, asesorado por la actual diputada local de la misma Institución Política, Vanessa Sánchez Cordero, presentaron la iniciativa de ley, que fue aprobada, para la tipificación de la Alienación Parental, convirtiendo a Guanajuato en uno de los primeros estados de la República Mexicana en atender el tema de tanto riesgo para la salud psicológica y emocional de las y los infantes.
Mediante la comprobación del ejercicio de Alienación, por medio de peritajes psicológicos, se puede lograr que se quite la Patria Potestad al progenitor agresor.
Pero nos falta… Nos falta mucho. Por favor comparte este artículo todo lo que puedas y hagamos consciencia… ¡Dejemos a las niñas y niños fuera de esto!
¡CON LAS NIÑAS Y NIÑOS NO SE METAN MÁS LOS ADULTOS EN UN PROCESO DE DIVORCIO Y POSTERIOR A ÉL PARA DESTRUIR A QUIEN YA NO ES SU PAREJA, PERO SIEMPRE SERÁ PADRE/MADRE PARA SUS HIJOS E HIJAS!
Nos leemos la siguiente semana.
“La infancia es la etapa más bella de la evolución hacia la madurez, en la que existe una gran vulnerabilidad que debe ser protegida”. C. Segura.
