Resulta difícil tocar un tema y no relacionarlo con nuestra presente emergencia de salud. Como todas las emergencias, ésta viene acompañada de otros efectos colaterales (económicos, sociales, laborales, de seguridad, etc.) que exponen el incumplimiento de obligaciones legales que con anterioridad las autoridades ya tenían.
Uno de los retos que representa actualmente el regreso a nuestras actividades, son los potenciales contagios que en el transporte público urbano pueden producirse por sus características propias: espacios cerrados, poca ventilación, muchos usuarios y la escasa posibilidad de sana distancia que puede darse.
Dentro de las formas sustentables de transporte, los expertos en movilidad urbana voltean una vez más a ver la bicicleta como propuesta de solución al riesgo de salud que representa en estos momentos el transporte público urbano.
No obstante, la forma en la que se ha venido construyendo nuestras ciudades (y la forma en la que se siguen construyendo), se aprecia cómo la bicicleta y sus usuarios no han sido bienvenidos en la planificación de la movilidad urbana y la construcción de vialidades.
La capacidad de comprender las ventajas de privilegiar el uso de la bicicleta en la movilidad urbana, definitivamente no es para cualquier gobernante local. Implica una aptitud de asumir con una nueva ética los retos actuales que el mundo enfrenta (medio ambiente, cambio climático, crecimiento urbano, y ahora, la emergencia de salud).
Que un gobierno local entienda los beneficios de incentivar el uso de la bicicleta, involucra el ejercicio de una escala superior de reflexión respecto del derecho de las personas a decidir el medio de transporte que mejor le acomode, y la protección de ese derecho. Características difíciles de encontrar en los liderazgos políticos que administran nuestras ciudades, quienes, por el contrario, regresivamente, continúan privilegiando la ampliación de carriles para uso del vehículo particular.
Construir infraestructura pública que incentive el uso de la bicicleta como medio de transporte y proteja a sus usuarios, es una acción de alcance transversal tan amplia que lleva implícita la protección de otros derechos, como el derecho humano a la vida (infraestructura que resguarda la vida del ciclista), el derecho humano a la salud (infraestructura que resguarda la salud del ciclista), el derecho humano a un medio ambiente sano (la bicicleta como medio de transporte no generador de gases efecto invernadero) y el derecho humano a una buena administración pública (que aquellos a los que elegimos para administrar nuestras ciudades, cumplan adecuadamente sus funciones).
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, señala en sus artículos 71, fracción XI y 74, segundo párrafo, que “las políticas de movilidad deberán promover el fomento al uso de la bicicleta”, y que “los programas municipales privilegiarán la dotación y preservación del espacio público para peatones y bicicletas”.
Por su parte, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios en sus artículos 2, fracción I, 5, fracción II, inciso a), 9, disponen que “la planeación de la infraestructura deberá atender la jerarquía de la movilidad”, que “tienen uso preferencial de espacio público los usuarios de bicicletas”, que “en la jerarquía de la movilidad se encuentran; (i) los peatones, (ii) los ciclistas, (iii) servicios público de personas, (iv) servicio público de cosas, (v) vehículos particulares de motor, y (vi) maquinaria agrícola y pesada” y que “la distribución del presupuesto se hará priorizando la jerarquía de la movilidad”.
La inatención a dichos mandatos, condena al actual usuario de la bicicleta a la exposición de riesgos contra su vida y salud, y desincentiva el uso de la bicicleta al usuario potencial.
Al respecto de la inseguridad vial, el documento Ciudades mexicanas – Pedaleando por un desarrollo bajo en carbono. Resultados del Perfil Ciclista en cinco ciudades, mayo 2019, elaborado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable – GIZ, realiza un estudio en cinco ciudades (Hermosillo, León, Mérida, Morelia y Tlaquepaque) en los que refleja que en la ciudad de León, la primera dificultad que encuentran los ciclistas es la “falta de seguridad en el tráfico” y el principal incentivo para utilizar más frecuentemente la bicicleta sería una “Mejor infraestructura vial ciclista adecuada”.
Como derecho humano, el derecho a la movilidad, dentro del que se encuentra el uso de la bicicleta como medio de transporte, es un derecho en continua construcción, que como todos los derechos humanos es un producto de su concepción como proceso histórico, derivado precisamente de la protección y satisfacción de necesidades fundamentales para el ser humano, como la vida, la salud y el medio ambiente; y, por el contrario, su falta de satisfacción por parte del Estado, puede llevar a la muerte, afectaciones graves a la salud o la continua degradación del medio ambiente.
La adopción de este medio de transporte, garantizando la seguridad vial a sus usuarios, es una opción sustentable que puede disminuir la presión en el uso del transporte público urbano, como una forma de adoptar “nuevas normalidades”, y a la vez, es una acción que abona a la construcción de ciudades sustentables, resilientes, saludables, productivas, equitativas, justas, incluyentes, democráticas y seguras.
Lo anterior implica cambios de paradigmas, en los que por supuesto existen resistencias, sobre todo generacionales.
Pretender realmente ciudades modernas, es pensar en la democratización del espacio público y la realidad en la priorización de la movilidad sustentable, de tal manera que, hablando de movilidad sustentable, una ciudad moderna no es aquella en la que hasta los pobres tienen vehículos, sino es en la que todas las clases sociales son capaces de transportarse en bicicletas.
