Cuesta trabajo vencer el estupor que causa la visita a una de estas “ciudades de los niños”, extraños lugares claustrofílicos dónde los niños “ejercen” un oficio y reciben dinero falso que sólo pueden gastar dentro del recinto (como en las tradicionales tiendas de raya). Su nombre comercial varía según el operador, pero tiende a ser una rara mezcla de anglicismos, y lo entiendo porque de irnos a las raíces griegas sería poco vendible un nombre como pedópolis o pedotopia. Si algo salta a la vista es la proliferación de patrocinadores en cada una de las estaciones de la villa, todas marcas muy reconocidas y ávidas de enclavar sus logos y discursos mercadológicos en sus futuros clientes, mostrándose además como generosos empleadores.
La consigna principal: para poder consumir, máxima aspiración ciudadana, hay que trabajar para los patrones de siempre. Como es lógico, los chicos no tienen los limitantes de los salarios mínimos, todos ganan casi lo mismo sin dependencia del esfuerzo o el conocimiento requerido para la tarea que se les asigne. Lo mejor, el dinero obtenido por unos pocos minutos de simulación, rinde como salario de congresista.
Tras acostumbrarme al despliegue de propaganda, noté que a la entrada de cada atracción se dispensa el mismo saludo: “Buenas noches, ciudadano”, dicen los encargados bien uniformados. ¿Buenas noches?, le pregunté a uno, si apenas son las 11 de la mañana. Nos piden que siempre saludemos de esta forma, me respondió contrariado.
Así debe uno celebrar el día del niño: de noche e inmerso en un teatro económico bastante acorde al que nos presentan el Banco de México y el INEGI.
Pero si de simulaciones se trata, justo en los días previos al día del niño, el 29 de abril, el Senado de la República dispuso otro simulacro: el de vivir en una democracia con garantías individuales que no pueden ser violentadas por los estamentos militares.
Con una abrumadora mayoría, el PRIAN aprobó el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, según sus palabras la puesta al día del Código de Justicia Militar, que incluye jueces de control militares equiparables al nuevo sistema acusatorio, entre otras figuras progresistas. Sin embargo, al revisar la redacción de algunos artículos, como el 282, Cateo en residencia u oficinas públicas, se evidencia la grave intromisión que el ámbito castrense podría ocasionar a las libertades de quienes no portamos uniforme. Pues permite “la práctica de un cateo en la residencia u oficina de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos constitucionales autónomos”, con sólo la autorización de un juez del ámbito militar y no lo limita en forma expresa “al investigar delitos contra la disciplina militar”, como lo hacía el anterior código reformado.
Los artículos 287, Intervención de comunicaciones, y 299 Localización geográfica en tiempo real, les otorgan también atribuciones que únicamente deberían residir en órganos de justicia civil y no de la militar.
Aquí viene bien recalcar lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares.”
Daría la impresión de que se buscan ampliar las atribuciones del ejército. ¿Por qué? ¿Buscan evitar los constantes reclamos por cateos ilegales por parte de sus miembros? Dar este paso pone en riesgo el tan mancillado estado de derecho en nuestro país. ¿Hay algo que saben nuestros legisladores pero nosotros no? ¿Están previendo futuros choques dentro de las fuerzas armadas o una nada tersa sucesión en el 2018?
Muy poca difusión se le dio a esta ley, aprobada en forma exprés por las dos cámaras y sólo pendiente del visto bueno presidencial. Si a esto sumamos algunos antecedentes, como lo sucedido recientemente en Tlatlaya o Ayotzinapa; a la fuga del Chapo Guzmán frente en un penal vigilado por un batallón del ejército; al aumento en la compra de armamento en lo que va del sexenio; a la inédita disculpa a regañadientes de la institución castrense por un caso de tortura documentado; y a las constantes recomendaciones en materia de derechos humanos que son desoídas de forma sistemática por nuestras instituciones, este tipo de cambios deberían ser más que preocupantes. Tanto o más que el también sistemático silencio de buena parte de la prensa mexicana.
Buenas noches, ciudadanos.
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