La política mexicana no sale gratis, es carísima.
Se trata del dinero público que por ley se destina a los partidos y a sus candidatos para que jueguen en el casino electoral que está sujeto a fiscalización y deben rendir cuentas. Otro es el dinero por debajo de las mesas, el que se agandalla de las administraciones públicas, el que se patrocina con intereses y hasta el dinero que se lava en esa actividad.
Quienes ganaron alguna posición, lo primero que tienen en mente es cómo saldar sus cuentas pendientes; los que perdieron, también.
Todo se cobra y todo se tiene que pagar. Para eso se usan las atribuciones oficiales: concesiones, permisos, exenciones, contratos, puestos… Cuanto individuo participó en la campaña espera algo para sí, no importa la responsabilidad que haya tenido. Ya nadie colabora con “la causa” sin esperar nada a cambio, aunque sea un pago por el tiempo dedicado.
Nuestra sociedad mercantilista ve lo inmediato, lo que le es útil. Por eso tanta cosa regalada, desde una gorra hasta calentadores, un mandil o un equipo deportivo. Los gastos en utilitarios suman millonadas con la intención de fijar colores e imágenes propiciatorias del voto. Muchísima gente lo da por cosas así.
Preocupados con sus acreedores, los ganadores van olvidando las promesas que hicieron; primero lo primero, saldar las deudas con lo que no lleva riesgos visibles.
Así pues, al cruzar la boleta, los electores dejan su voto en el mercado político. El endoso beneficia a los usufructuarios de las posiciones. Ellos ganan y el votante tiene que aguantar el peso de esa cruz durante el tiempo que dure el encargo.
