Toca ahora a los nuevos ayuntamientos definir qué sí y qué no podrán realizar. Cumplir y hacer cumplir la Ley es inexcusable, aunque sea la práctica más corriente escabullirse, lo que nos tiene en el desorden a ojos vistas.
Para gobernar se necesitan las bases legales para hacerlo, los estudios jurídicos exigibles para cada decisión y, desde luego, la valoración financiera de los proyectos. Si nuestros gobernantes municipales dejaran ya de actuar al contentillo de sus estúpidas ocurrencias, nuestra vida adquiriría una mejora cualitativa evidente. La única represa es la planeación, justo la obligación que menos simpatía tiene en los arribistas.
Planear las cosas es mirar más allá de la nariz; es querer al terruño y desear el bienestar colectivo. Pero como los tiempos se limitan y las entendederas también, se hace como que se planea y termina todo como el zopilote estreñido: planea pero no obra.
Y, ¿de dónde sacan los ayuntamientos el dinero para funcionar? Hasta ahora, de las participaciones que el gobierno del estado y la federación otorgan. Tienen como base el impuesto predial y otros rubros de menores cuantías. El problema entonces es que si no tienen un orden de riguroso catastro que pique bien en la propiedad inmueble total, las pérdidas se acumulan. Por eso, primero lo primero: padrón catastral apegado al mercado inmobiliario. Ya se sabe que eso implica resistencias y hasta litigios, pero si los gobiernos municipales no ponen orden y claridad en sus ingresos, seguiremos atenidos a la benevolencia de arriba y al tiradero de recursos como hemos visto hasta la náusea.
