La definición más llana de patrimonio es la que alude a lo que los padres hicieron y nos dejaron.
Ese legado no se escritura para alguien en privanza: es común.
Por eso, precisamente porque no es de un señor feudal o cacique o poderoso alguno, es que nos pertenece a todos los que nos identificamos con nuestros ancestros que lo erigieron para resolver sus necesidades en comunidad: instalaciones para la economía, para el gobierno, para la religión, para el día a día… así se configuraron nuestras ciudades que, por sus características particulares, son motivo de cuidados diferenciados a los de cualquier otro sitio.
Guanajuato cuenta con un sistema de ciudades proveniente del origen mismo de la sociedad guanajuatense. Sus minas y sus producciones agropecuarias hicieron surgir tal sistema único en el territorio novohispano, primero, y mexicano después.
Las configuraciones históricas nos dieron a San Miguel, a Atotonilco, a Dolores, a Pozos, a Salvatierra, a Guanajuato, además de todas las que podríamos enumerar y que todos sabemos que existen. Menciono esas porque tienen normatividad expresa para protegerlas; ¿protegerlas de qué? pues de nosotros mismos que derrochamos la herencia.
Así que no se extrañe nadie porque la Fiscalía General de la República intervino y custodia una parte del patrimonio de la ciudad de Guanajuato. No puedes destruir ni a escondidas ni a ojos vistas sin tener consecuencias. Es la ley, la simple ley aplicada.
