Desde los años sesenta del siglo pasado, Guanajuato no era motivo de tanto escándalo sangriento. Las Poquianchis enardecieron al estado y al país por sus crímenes. Hoy, todos los medios –hasta los más recatados- traen en sus primeras planas la sangre cotidiana derramada por toda la entidad.
El amarillismo ha atraído siempre el morbo colectivo, pero hacer de la cotidianidad criminal lo más rutinario y natural rebasa ahora todo. Las madrotas sesenteras contaron siempre con anuencia por abajo del poder político. Hoy, la criminalidad cuenta por lo menos con la omisión, con la fuga e indolencia oficiales. Y ya se puede entender lo obvio: no hay crimen sin vista gorda.
Retador en sus falacias, el dirigente panista leonés sale a decirnos que el gobernador no es culpable de los crímenes. Claro, nadie, que se sepa, ha abierto una carpeta de investigación en su contra –todavía-, pero su culpa es mayor: juró cumplir y hacer cumplir la Ley, y si la criminalidad nos tiene con el Jesús en todos lados esa sí es su culpa, su responsabilidad inexcusable es garantizar la seguridad pública; luego entonces, la inseguridad aterradora que vivimos es su culpa.
Los guanajuatenses no podemos jugar ese jueguito sexenal donde nadie de las administraciones públicas es culpable de nada. Pretextos y coartadas a modo hemos visto desfilar: que si el gobierno federal no apoya; que si una brigada militar será mejor; que si la alta tecnología escudará al territorio; que si los municipios no jalan parejo; que si Pemex avala el huachicoleo; que si… pretextos para la fuga del Estado frente a la primerísima responsabilidad, esa que le da razón de ser a todas las instituciones públicas: la seguridad pública. Los muertos de todos reclaman airados.
