Ponderación, recato, mesura y un poco de pudor son requeridos para entender la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
El Pacto por México, ese instrumento político que está utilizándose para diversas reformas, nos ha podido dar un hito: que sean los poderes públicos los que legislen en tal materia. Puede pensarse que eso es una barrabasada, pero no lo es tanto si uno recuerda que en esos terrenos los concesionarios eran los legisladores: le mandaban hecha la ley al presidente, éste la remitía al Congreso y ninguna coma se le movía; eran los tiempos del priismo absoluto y condescendiente con los poderosos.
Ahora, que se tenga que firmar que el Estado recupera el control del espectro radioeléctrico nacional casi significa una renacionalización. Por eso, que a la iniciativa pactada no le movieran casi nada –a pesar de intentos- resultó plausibe.
No hay ingenuidad aquí. Por supuesto que los fácticos mediáticos fueron consultados y negociaron sus intereses; no por nada lanzaron sendos comunicados apoyadores de la reforma. Unos tendrán telefonía y otros tendrán televisión. Esta es la parte que a los criticones les parece de obvia connivencia favorecedora de los mismos de siempre. Pero la regulación técnica, el control sin subterfugios legaloides (amparo tras amparo sin chistar a favor de los poderosos) y la apertura a la competencia internacional pueden abrirnos al mundo y dejar de estar de aldeanos ideológicos, sometidos al alma mater televisiva y a las gandalleces del más rico del mundo mundial.
Ya vendrán las leyes que derivan necesariamente de la reforma, Y se sabe: en los detalles vive el demonio. El Pacto pone, la ley dispone, viene el diablo del monopolio y todo lo descompone.
