La ciudad de Guanajuato ha sido despojada de sus espacios públicos.
La creencia interesada de que la obra pública vial es el factotum del quehacer oficial ha propiciado que todo se haga en función de los vehículos privados que utilizan las calles y callejones factibles de transitarse. Ello nos ha quitado espacios a los peatones, amén de recursos presupuestales.
A eso hay que sumarle el despojo que los dueños de restaurantes y bebederos nos han hecho al paso de los gobiernos acorralados porque permitieron la violación de las normas.
El tema se ha querido simplificar con las mesas y las sillas en las plazas y calles, cuando lo de fondo está en el agandalle del espacio público que es de todos.
Tan solo en el centro histórico, zona de monumentos, hay 13 corralitos que cualquiera ha podido sufrir, los que implican unos 1,751 metros cuadrados urbanos, (algo así como un tercio de la Alhóndiga de Granaditas) de los cuales, tres del jardín de la Unión acaparan 544m2 y el que se monta sobre el teatro Juárez unos 240m2; en la plaza de San Fernando se ocupan 558m2 de su extensión. Y en ese agandalle van banquetas, arroyo y mobiliario urbano.
Afectar el espacio citadino, que es de todos -habitantes y viandantes-, merced a la usurpación consentida pone de manifiesto un severo problema: el deterioro de la institución municipal. El orden jurídico básico de nuestro gobierno territorial ha quedado en el corral del desorden. Ya nos avisan (como si no lo hubiésemos notado) que no hay planeación territorial y que no se cumplen los reglamentos municipales.
Por cierto decoro, la nueva administración ha tomado el tema y quiere poner en los rieles del cumplimiento legal el asunto. Sí, es de orden y de seguridad tratándose de una urbe con estrecheces viales, sin embargo, lo urgente es apegarse al derecho todos: los privados y los que fueron elegidos para cumplir y hacer cumplir la ley. Nomás…