¿Dónde están miles de personas sin que se sepa nada de ellas?
Entre nosotros, los mexicanos, no es rara la práctica de levantar a alguien; regímenes fueron y vinieron y la cosa continuaba. Aquí, en Guanajuato, para no irnos lejos, Torres Landa mandaba encuerar a quienes decía y los tiraban en tierras queretanas; Ducoing dejaba a las fuerzas públicas encargarse de los molestos. Y nunca eran “buenas maneras”.
Con el desarrollo y la democratización pudiera haberse creído que los controles sobre el autoritarismo harían llevadero el vivir. Pero sucedieron dos cosas: la criminalidad se expandió por todo el territorio y la institucionalidad pública huyó.
No hay estado de la República sin desaparecidos. No hay confianza en recuperarlos. Ningún gobierno, del partido que sea, puede alegar que en su campo no hay nada de eso: El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) delata. Y eso que apenas se diseñó hace tres años por la inocultable presión social. Guanajuato en ese registro tétrico: 1,207 desaparecidos. ¿Y?
Sin miramientos, la criminalidad más organizada y crecida que nunca, hace y deshace al contentillo. Las instituciones públicas, permeadas de corrupción, les colaboran: participan directamente, se hacen las desentendidas o simplemente omiten sus responsabilidades. Por eso los familiares y amigos no hayan solución ni, mucho menos, compasión.
La mujer que murió buscando a su hijo policía sin que nadie le respondiera y que pidió ser velada en la calle de Bucareli, frente a Gobernación, debe representar las exequias de nuestra vieja institucionalidad.
