¿Quiénes han tenido que ir al ministerio público? ¿Cómo les ha ido? ¿Sabemos qué es el ministerio público?
Pues nomás esto: “El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos que intervengan en (un) proceso. También deberá tomar las medidas necesarias para la protección de los familiares de la víctima, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices, mediante actos de intimidación o represalias. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación”. Es decir, le toca a esa institución proteger a la sociedad ante la comisión del delito, en esos términos, incluida la relación vigilante de los jueces.
“La seguridad pública es una función a cargo del Estado, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva”. Por eso, “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél. El Ministerio Público contará entre sus auxiliares con un cuerpo pericial”. Y “el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (también) corresponde al Ministerio Público”.
Como podrá entenderse, es allí donde estamos atorados, dados los altísimos crímenes cometiéndose a diario y sin resultados para las víctimas. Toda esa teoría plasmada en ley no se corresponde con la realidad porque la partidización política lo impide. Las Naciones Unidas (además de innúmeras organizaciones) han dejado en claro que el ministerio público no opera y que eso propicia la impunidad como sistema.
