Hace tiempo que cada vez que nos pasan cosas resulta evidente que no contamos con las instituciones estatales. Es una evasión constante.
Primero fue el mercado. La inversión en todo aquello que produce riqueza se le dejó al mecanismo capitalista: alguien invierte dinero que debe multiplicarse y, por eso, repartirse entre sus productores. Las consecuencias han sido la desinversión pública, el dejar hacer y dejar pasar, y, sobre todo, ricos más ricos con trabajadores asalariados a la baja. No por nada, seis de cada diez personas buscan en la informalidad el sustento.
Luego, le ha seguido la inseguridad cada vez más terrorista. Sin policías confiables ni ministerios públicos aceptables, los jueces no resuelven sino lo mínimo. Es como si nomás agarran al borrachín y dejan a los verdaderos malandros hacer lo que les venga en gana. Eso ha producido dos estados: el de impunidad (permiso sin castigo para disponer de personas y bienes) y territorios bajo el control de esas “empresas” del crimen.
Sumarle a eso una pandemia que ni se ha querido ni podido reconocer como mortal (la mayoría se nos ha muerto en casa), la salubridad pública se ha restringido a los hospitales desamparados y a una vacunación errática que apenas alcanzo hoy a 61 por ciento de la población. Y eso sin contar a la infancia que está siendo obligada a regresar a las escuelas, no importando los riesgos evidentes y responsabilizando a los padres.
Entonces, ¿en qué se ocupan los gobiernos con todos sus aparatos? En procurarnos riqueza, no; en garantizarnos paz, menos; y en cuidarnos, ni yendo a bailar a Chalma.
