Se pregunta el alcalde de Guanajuato: ¿de qué vamos a vivir?
Las empresas constructoras viven de ocupar los espacios, llenándolos de todo tipo de edificaciones, sobre todo de las más lucrativas, grandes y costosas. Y como el crecimiento del automotor es exponencial, lo de más lucro son los estacionamientos. Por eso todas las ciudades desocupan espacios para eso.
Los espacios que se requieren para estacionamientos arrasan con todo: manzanas completas, edificios más o menos contemporáneos y, desde luego, fincas antiguas. El rostro citadino cambalacheado por otro motorizado.
El alcalde de Guanajuato le reclama a la administración federal que le interrumpa la construcción de un gran estacionamiento ligado a tiendas y locales comerciales justo donde el embudo vial es más notorio, a la entrada de la cañada. El reclamo es que en el espacio donde construirán no es catalogado como monumento histórico y que sólo a la autoridad local compete otorgar permisos.
El problema es que el alcalde es un constructor, dueño de constructora y piensa como tal. Para su mala fortuna, él juró cumplir y hacer cumplir la constitución y sus leyes, y resulta que las competencias sobre la ciudad son, por eso mismo, compartidas con la federación: las leyes y convenios internacionales relativas al patrimonio histórico han de cumplirse por todos los sujetos obligados, entre ellos el local.
Como constructor piensa en términos de la obra; como político gobernante, en la obra pública. Pero como autoridad ha de limitar esos afanes y considerar una simple sentencia legal: Guanajuato sobrevive porque es una ciudad en la Lista del Patrimonio Mundial. Y eso obliga a ver lejos, más allá de una obra lucrativa.
