El funcionariado guanajuatense dice que somos nosotros, los ciudadanos, la sociedad, los que no hacemos lo que se debiera hacer para resolver la inseguridad.
En Celaya se acusa a los empresarios y comerciantes de comprar huachicol y de mal acostumbrarse hasta que les llega la lumbre a los aparejos.
También se acusa a los directivos escolares de no poner en orden a sus estudiantes.
Desde luego, se nos acusa de no denunciar los delitos que nos duelen.
Por supuesto que los municipios están en la mira oficial para restregarles que no cumplen con la seguridad, con las policías ni con los gastos.
Bueno, hasta Sophía, la vocera de la inseguridad estatal, nos reclama que no propiciemos que los hijos se hagan policías y, en cambio, nomás andemos reclame y reclame a las autoridades: ¡Si no tenemos buenos policías es porque nosotros no queremos ser policía!
Ningún asomo de autocrítica, puro desdén y echar bolitas calientes a otros, eso es la política criminal del gobierno guanajuatense.
Nada dicen de la desconfianza en los insuficientes y corrosivos ministerios públicos; sus carpetas de investigación nunca son claras ni contundentes (a menos que seas chivo expiatorio para salir del paso mediático) y, haciéndose víctima, la fiscalía se dice agredida hasta por agentes municipales.
Pues sí, en resumidas cuentas, efectivamente nosotros tenemos la culpa por votar una y otra vez a los mismo gañanes cebados en el poder mientras Guanajuato se corroe en la inmundicia criminal, esa que salta por todos lados, menos a la vista oficial que cierra los ojos en sus ámbitos de confort donde todo es Singapur o Hannover.
