México es, como se nota, un páramo en eso de cumplir la ley. Hay derechos, garantías y obligaciones para los mexicanos; sin embargo, la desinformación ciudadana y la omisión burocrática hacen nugatorio eso.
Decidir libremente, responsable e informada la manera de tener hijos es uno de las grandes problemas nacionales por su inconsistencia o franca dejadez. Por ejemplo, se nota a leguas que las mujeres guanajuatenses están embarazándose sin medida ni concierto. “La mitad de las mujeres de Guanajuato tuvo su primera relación sexual en la adolescencia; sin embargo, el uso del primer método anticonceptivo es hasta cuatro años después”.
Lo prematuro se convierte en grave problema de salud pública y caldo de cultivo de las taras sociales que bien conocemos: violencia machista y violencia hacia los niños. Es el precio de embarazarse cuando no debiera ser y cuando llegan niños a lugares llenos de miseria y suciedad.
Las mujeres sin escolaridad que no usan métodos anticonceptivos por desconocimiento se suman a aquellas que “no creyeron que podrían quedar embarazadas”. Son la mayoría niñas y adolescentes quienes hacen menor uso de métodos anticonceptivos de todas las mujeres en edad fértil.
Y no se crea que la familia tradicional puede presumir por estos lares: 6 de cada 10 mujeres están simplemente unidas, juntadas, arrejuntadas y sin protecciones y el mayor porcentaje de embarazo no planeado o no deseado se encuentra entre las mujeres de 35 y más años de edad con 58.5%.
También es un tema sin mayor atención que “en Guanajuato el porcentaje de partos por cesárea es superior al porcentaje nacional”, lo que implica altos costos de todo tipo con ese método.
En suma, los niños -“bendiciones” quieren llamarles a lo inevitable- son incorporados a alimentos chatarra, distintos obviamente a la leche materna, antes de los dos meses, lo que explica la amplia gama de males que acumulamos, sobre todo de salud.
A todo esto, ¿hay políticas públicas que entiendan y accionen? No, todo es destino divino.
