Si los asesinan, secuestran, levantan, agreden y hasta los amenazan, ¿pueden los policías de Guanajuato dañar así a su institución?
Los responsables de los policías son los gobernantes, los electos y los designados. Los hombres y mujeres que se uniforman lo hacen en condiciones francamente deplorables. Y eso es, insistamos, responsabilidad del gobierno. Todos estos años no han sido para establecer la fuerza del Estado, como se comprueba con la violencia incontrolable. Guanajuato “muestra un incremento considerable de delitos sin que haya acciones efectivas para mitigarlos”, por lo que el problema fundamental es el sistema de seguridad: “un panorama del estado donde hay mucho personal en las pocas agencias del Ministerio Público y, sin embargo, no se refleja en los procesos penales: puede decirse que el interés no se coloca en las labores de seguridad pública”. Dinero ha habido y mucho, pero “el presupuesto destinado a la impartición de justicia no ha logrado que el estado avance favorablemente en algún indicador sobre la media nacional”.
Y si de juicios hablamos (incluida la famosa ‘puerta giratoria’), “los jueces de Guanajuato no tienen una efectividad que destaque a nivel nacional, aunque claramente tienen menos casos que atender”, dado “el atraso que tiene el sistema de procuración de justicia para concluir las causas penales”.
¿Acaso pueden los gobernantes desmentir –como pretenden con los polis- el Índice Global de Impunidad 2017, presentado por la Universidad de Las Américas Puebla, donde Guanajuato se encuentra en el grupo de impunidad alta de la lista país, situándolo muy cerca del nivel de impunidad muy alta? A ver…
