Con los semáforos enloquecidos, las calles y todo tipo de establecimientos están abarrotados.
Que hay muchísima gente que no cree nada en eso de la covid19, que mucha más se piensa inmune, que cada vez menos usa mascaritas y se cuida, lo verificamos no bien se echa uno a la plaza. Cosa de cada quien. Pero la pandemia sigue expandiéndose.
Que las personas se comporten de tal o cual manera no es asunto privado, ni íntimo, en las circunstancias de salud pública. Se trata de un asunto común, uno de esos que las instituciones públicas deben gestionar con claridad, que para eso existen. Sin embargo, con un simple recorrido de lo actuado por sus encargados, podemos darnos cuenta de la sarta de errores y francas negligencias. Para los gobiernos todo ya casi pasó, hablan en pasado y, delirantes, promueven la apertura de toda la economía.
Cosa es de preguntarse: ¿cómo es que arman sus números oficiales de contagio?, ¿quiénes y dónde rastrean a los infectados?, ¿qué y cuántas pruebas se realizan? No hay datos de esos. Los “criterios de semaforización” son los casos nuevos, la disminución de muertes, los ventiladores ocupados y la capacidad de camas hospitalarias. Y esos elementos los recopilan en las jurisdicciones sanitarias que los realizan como mera rutina.
La realidad es más pesada: ¿quiénes mueren en hospitales mal equipados?, los más pobres; ¿sus familias reciben ayuda?, no; ¿se encapsula a los contactos de un infectado?, ni de chiste. Así son las historias que uno va conociendo con la angustia que eso provoca. La pandemia aquí sigue moviéndose con nosotros y, a querer o no, no hay economía sana sin salud.
