Uno puede ir de municipio en municipio y en todos se da la constante: la policía es inadecuada para la violencia que sufrimos.
En el discurso y en las decisiones, los municipios están relegados, dejados en manos de quienes ni pueden o ni quieren. Los ayuntamientos están como jabonero en casa de lejía.
El gobierno central solo se ocupa de sí mismo; el estatal, pasmado ante su enclaustramiento. Así, los gobiernos municipales no atinan a entender y enfrentar el fenómeno violento. Salamanca es atacado por todos los flancos y allí simplemente no hay policía. Celaya ve a sus jóvenes exigir seguridad. Pénjamo mide en menos tantos cada despertar. San miguel recibe sicarios o matarifes oficiales. Guanajuato capital ve cómo la antrificación urbana y el turismo de borrachera cobran la plaza. Así uno tras otro, cada municipio tiene su espanto cotidiano. Y, en el colmo, nuestra entidad tiene al mayor número de agentes asesinados.
La polis, la ciudad, no tiene quién le cuide, policía, porque no hay políticos serios que sean estrategas, que vean hacia adelante y que reúnan todos los recursos para enfrentar al mayor desafío armado desde la revolución mexicana.
Estamos entre dos corrientes: la incapacidad oficial de ponerse en orden y concierto y la criminalidad organizada que ve en la impunidad su cobijo. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que correr el riesgo de nuestras actividades, a sabiendas de que cualquier delincuente nos puede alcanzar, con plena convicción de que las instituciones oficiales nos dejarán solos, sin pelarnos siquiera.
Nuestra única arma es la ley, pero las autoridades encargadas de ella, nomás nada.
