Los que juraron cumplir la Constitución supongo que conocen esto: “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas”.
Quizá nosotros, simples ciudadanos, no tengamos las herramientas, el conocimiento ni los recursos para que eso se haga valer, pero los funcionarios elegidos para hacerse cargo de la seguridad pública deberían entender y atender exactamente lo escrito y jurado por ellos.
Estos días los políticos se han dedicado a la quiniela para elegir un nuevo fiscal. Son ociosos a más no poder porque ninguno de ellos nos ha dicho cómo le van a hacer para integrar de verdad el sistema de seguridad pública que defina con claridad lo que cada institución debe cumplir; la fiscalía, las policías y los jueces son un todo. Si las policías no previenen ni actúan al mando del ministerio público y si los jueces no otorgan las atribuciones para resolver la cantidad de delitos que el propio ministerio público le presente para su resolución, seguiremos viendo cómo cada una de esas partes actúa sin coordinación alguna.
Nuestras policías tan débiles no pueden actuar contra la criminalidad sin el apoyo del ministerio público, tan minimizado e incapaz de presentar las famosas carpetas de investigación que se acumulan sin ser presentadas a los jueces, así cada uno de esos eslabones propician la impunidad, ese ambiente en el que florecen los criminales.
Guanajuato está sumido en el crimen porque esos tres elementos del sistema de seguridad pública no funcionan ni se integran y así seguirán, a menos que haya verdaderamente un nuevo comienzo en lo básico de un gobierno: construir seguridad pública integrada.
