El dinero público es sinónimo de botín. Esa lana hay que privatizarla a como dé lugar. Por eso la ambición de muchos de quienes aspiran a los cargos tiene ese horizonte. La ética personal se somete a los valores contantes y sonantes, no bien se está ante el poder.
El discurso habla de responsabilidades y alto sentido de la honradez; pero solo son palabras para consumo masivo; en lo cortito, dineros van y dineros vienen.
Desde luego que existe toda una gama de instrumentos jurídicos que abordan el control del erario, pero como bien se sabe, en la norma está la trampa. Y hartos especialistas hay que se las saben de todas, todas, en eso de la trácala sin que quede huella.
El poder de la firma, el del sello o el del enter tiene su precio. Todos los bienes públicos sujetos a decisiones pueden tasarse. Donde quiera que fluya presupuesto oficial, allí estarán los depredadores. Póngale el nombre que guste, al que conozca y vea cómo han cambiado sus circunstancias de vida ostensiblemente, ya sea porque es funcionario con poder decisorio o porque es proveedor de algo a las administraciones públicas.
Diezmo, moche, comisión, tajada, como sea que se denomine la partición del dinero oficial es lisa y llana corrupción: Una entrega y aceptación de dinero o regalos para conseguir un trato favorable o beneficioso, especialmente si es ilegal, burlando la ley. Es decir, estamos desmadrados en la degeneración de la moral, esa, la de los valores tan cacareados en actos públicos y misas a toda hora.
