El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México están metidos en situaciones muy difíciles, aunque contrapuestas. Ellos son parte integrante del sistema de partidos mexicano al que las circunstancias ponen en entredicho.
El PRD fue sacudido por el caso Iguala, caso que les pilló con los dedos en la puerta del crimen organizado. La acción más destacada para enfrentar ese caso fue integrar inéditamente “una comisión especial con el propósito de rendir un informe sobre la postulación de José Luis Abarca como candidato a presidente municipal de Iguala y la subsecuente campaña electoral, así como sobre las características políticas de su gestión al frente del Ayuntamiento… En especial, el porqué y el cómo de la designación de Abarca son datos que se ubican dentro del gran conjunto de elementos que componen la crisis del poder político en México”. Hay que decirlo: el perredismo asume el debate delicadísimo y ello habla bien si y sólo si promueve medidas y recaba actitudes para apegarse al derecho irremisiblemente.
De su lado, el Verde ha transitado por la vía más notoria de la ruptura de la ley. Una tras otra, las sanciones que se le implantan suman ya cifras más allá de sus prerrogativas oficiales, esto es, el dinero público ya no le alcanza para pagar las multas por violar la ley electoral. Sin embargo, sistemática, estratégica y dolosamente, ese partido camina sin chistar hacia su objetivo: posicionarse comprando votos con toda clase de chucherías sin reparar en los costos. Hay quien asegura que ya van más allá de los dos mil millones gastados, ¿de dónde saldrán?
El derecho, esa clave para hacernos civilizados no tiene en los partidos a sus mejores promotores.
