La administración pública municipal está preñada de priismo. Toda una cultura de manejar las cosas con miras a satisfacer a la clientela electoral permea a ojos vistas, a pesar de la alternancia.
Primero con el caciquismo que todo resolvía en la voluntad de un hombre fuerte y, luego, en las camarillas que se reparten las posiciones, los municipios no cuentan con ciertas capacidades institucionales que hagan previsible su desempeño profesional.
El incentivo básico, una vez ganada la elección, ha sido hacerse del cargo que permita administrar las facultades del mismo. Es la máxima: pónganme donde hay, que yo mando. Así se otorgan o niegan los actos administrativos, dependiendo la ganancia política o económica o en especie o…
Por ello es que al terminarse el periodo, otro ciclo clientelar es menester obsequiar para pagar a quienes ayudaron en las elecciones. Y aparecen las irregularidades, por llamarles al modo de la moda. ¿Cómo echar atrás actos ilegales? De entrada, la confrontación con los adláteres de la camarilla se antoja imposible: ni modo de castigar a mi antecesor. Impunes, nadie irá a dar con sus huesos a ningún lado, salvo a “sus” propiedades ostensiblemente adquiridas con los cargos.
La reglamentación, el servicio civil, la calificación profesional y los índices de desempeño, banderas de la capacidad institucional, se obvian en beneficio del poder privatizado. Así es como el municipio se convierte en la empresa particular que da ganancias a sus administradores.
Pero ha llegado la hora de ir moviendo las cosas. Con la reelección municipal tendremos solo dos opciones: o se afianza el viejo sistema patrimonialista o se institucionaliza el desempeño. Para empezar, resultaría pertinente impulsar la potestad invalidatoria de los actos ilegales, principio básico de juridicidad, que impone el deber de reaccionar frente a actos ilegítimos. A ver, esos que encontraron las “irregularidades”, éntrenle.
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