En Guanajuato, los que van ocupando los cargos públicos cierran el pico cuando se les pide seguridad pública.
Si es el presidente electo del país, nos lanza dádivas propias del clientelismo en mítin de su movimiento: 112 mil jóvenes serán aprendices, 15 mil universitarios recibirán un beca de 2,400 pesos mensuales, 80 mil estudiantes de prepa tendrán beca de 1, 800 pesos mensuales, 381 mil adultos mayores tendrán una ayuda de 2,400 pesos: 588 mil guanajuatenses “agraciados”; amén de que “para el campo se darán dos apoyos al año y habrá una canasta básica que se venderá a precios módicos”, que todos los municipios tendrán internet, que se va a modernizar la refinería, que resolverá el problema de la presa de Zapotillo; y, al fin, una atronadora frase: “No habrá huachicoleros ni arriba ni abajo”. Claro que su comisario político ya tiene organizado el foro donde abordarán la inseguridad. Y ya.
Si se trata del gobierno del estado, silencio es la consigna. Si a la realidad la agrandan los medios de comunicación, entonces callémosles. Así, lo que no se publica no es público. En adelante, nomás los comunicados oficiales a cargo de un solo responsable designado que dará cuenta de la versión oficial de los hechos que les interese abordar.
Otra vez hay que insistir: en el sistema presidencialista mexicano son los titulares del poder ejecutivo quienes juran cumplir y hacer cumplir la Ley, y la primigenia razón de su poder es dotar de seguridad pública a toda la población sin ocultamientos ni donativos capeados de generosidad.
La criminalidad evidente exige poner en común las salidas, que eso es comunicarnos.
