La desconfianza ha sido la partera de las reformas político-electorales mexicanas; sobre todo en tratándose del dinero que cuestan las elecciones.
La política por dinero es asunto de negocio turbio: se meten muchos para enriquecerse. Por eso abundan los “inversionistas” que se ponen con lana para trasquilar la oveja después. Dinero de particulares, legal o no, se mete a la campaña de tal o cual candidatura con el compromiso de recuperar con creces cuando el cargo dé, legal o ilegalmente.
Por ejemplo, para esta temporada electoral, a los partidos les dieron dinero público por ley para financiarse (en redondeo): al PAN casi 55 millones, al PRI 44, Al PRD 18, al Verde 16, a NA casi 14 y a los nuevos 3 y pico. Luego, se establecieron los topes para gastar en los 46 municipios y en los 22 distritos diputadiles: 30 millones para aquellos y 26,3 para éstos; en total, la campaña guanajuatense le costará 56,3 millones de pesos a cada partido. Pregunta: ¿quién va a completar lo que falta? Al PAN, que es casi hegemónico, le falta más de un millón y a los demás, ni hablar.
Con lo que reciben de financiamiento público no les va a alcanzar (suponiendo que todo lo recibido lo emplearían nomás en las campañas), entonces, alguien tiene que ponerse con su cuerno si de veras quiere competir. ¿Qué compromisos adquirirán los partidos y sus candidatos para financiar sus campañas? Bien sabemos que las decisiones que se pueden tomar en los cargos públicos favorecen trácala y media: moches en las adjudicaciones y contratos, cambios de uso del suelo, votos en pro o en contra de algo, en fin…
El dinero no contabilizado es el origen de la corrupción y, antidemocráticamente, de la imposibilidad de que entren a la política ciudadanos sin dinero.
