Todos sabemos que el transporte urbano es pésimo. Lo saben sus dueños, lo saben sus trabajadores, lo sabemos los usuarios y hasta los funcionarios lo saben. ¿Entonces?
Digámoslo sin retruécanos: hay desgobierno en la movilidad urbana.
Un gobierno responsable de su encargo que peleó para ganarlo en urnas, debería tener resuelto algo de un problemón como el trasporte público antes de que lleguen los plazos de fijar nuevas tarifas. El modito es siempre el mismo: llegan los permisionarios a exigir que se les autorice a subir las tarifas, y vuelta a la vuelta. Todos protestamos porque no ha mejorado nada y ya vienen los nuevos precios.
Antes de que eso suceda, el gobierno debería tener probados y comprobados algunos acuerdos cumplidos, por cumplir y los que son de más larga duración. Actuar antes y no el mero día.
Las políticas públicas tienen, entre otras, la exigencia de anticipar (ex ante) para que éstas puedan ser evaluadas cuando corresponda (ex post), de tal manera que sus decisiones ya tienen experiencia probada en los hechos. Pero si algo siempre demuestra que no hay nada de profesionalismo en las administraciones públicas es precisamente el transporte urbano de pasajeros. Nunca evalúan ni preparan procesos.
Siempre es lo mismo: ante la exigencia de los comodinos permisionarios se avienen a concederles los aumentos, y esos dueños siempre también reniegan que con eso no les alcanza, y así ciclo tras ciclo.
Pedir medidas de fondo es una ilusión, esos gobiernos no saben ni entienden sus responsabilidades; todo se les va en lucirse con fiestas y saraos. Por eso nos van a jincar otra vez el aumento.
