Jamás en la Universidad de Guanajuato se ha votado al rector. Siempre ha sido designado.
Cuando la institución fue parte del gobierno estatal, el gobernador nombraba a quien le pareciese, designándole rector. Al legislarse la autonomía formal, esa designación recayó en instancias internas universitarias.
El gobernador en turno designaba a quien le garantizaba lo que esperaba de la Universidad pública. El trazo del rumbo educativo e institucional quedaba a cargo del titular del poder ejecutivo, para lo que determinaba nombramientos y presupuestos.
A partir de 1994, las tareas de orientar, organizar y gobernar su vida interna, quedan en los propios universitarios, excepción hecha del presupuesto que seguirá siendo parte del erario, aunque haya medidas para su utilización y asignaciones interiores, cosa que no exime, de ninguna manera, a la institución de su carácter de sujeto obligado de la fiscalización.
En ninguna disposición normativa ha existido ni existe el concepto elección, esto es, la emisión de votos para designar cargos, lo que implica la consabida mayoría imponiéndose a la minoría, salvo en el Consejo General y muy constreñido a la Junta Directiva, esa que debe designar rector, que no elegir a manera de votos emitidos.
Lo que sí hay en la normatividad universitaria es lo relativo a consulta, propuesta y designación de nominados para ocupar cargos. Y a todo eso se han dedicado los candidatos que se han autopropuesto en los certámenes en que se ha escogido rector, como el que ahora corre.
Todo esto viene a cuento porque he quedado asombrado de la agria exigencia en variados medios para que se elija por mayoría lo que de suyo no puede ser más que una designación.