Hay una ausencia total de política lingüística en nuestro país, que deriva en menosprecio por las lenguas nacionales. El culto a los valores de la producción (como única solución al desarrollo económico y social) ha llevado a una sobrevaloración del inglés (por ser el estadounidense el modelo económico), a la desatención del español y a desvalorar las lenguas autóctonas.
Socialmente hay un uso cada día mayor de anglicismos (voces procedentes del inglés) a causa de la tecnología –principalmente– y de las repatriaciones (regreso de compatriotas con mezcla de voces). La atención al español socialmente es baja (casi nula): formación deficiente de profesores (con la natural consecuencia en los alumnos), descuido total en usos públicos (radio, televisión, diarios, rótulos –públicos y privados–, folletería y páginas de Internet) y la Academia Mexicana de la Lengua (única institución interesada en el español) es una asociación civil que los gobiernos no la tienen por órgano consultivo y la tratan como una agrupación académica que medio apoyan con publicaciones. Las lenguas nacionales (náhuatl, maya –y sus variedades–, otomí, purépecha, cora, etc.) son objeto de menosprecio tanto social como jurídico y solo han encontrado refugio como curiosidades culturales y en escasas universidades como lenguas para estudio.
Todo ello refleja una ausencia total de una política en materia lingüística.
En la constitución federal no se menciona ninguna lengua, ni el español ni las lenguas de los diversos grupos étnicos. Algunos códigos y el reglamentario del tercero constitucional enuncian expresamente al español como la lengua en que se enunciarán los documentos en la materia y como lengua nacional, respectivamente (entonces, ¿las lenguas indígenas no son nacionales?). Y para las lenguas indígenas hay una ley específica. Esto significa un caos legislativo. ¿Es deseable que hasta un tercer nivel normativo se contemple el uso de los idiomas de los mexicanos?
Tanto el español como las lenguas indígenas deberían tener cabida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vez de normarse por debajo de los códigos, en las leyes. Es un principio fundamental reconocer en primer término (en las normas que definen una nación), los elementos básicos con que se vinculan los individuos. Igualmente, debía formularse un código de las lenguas mexicanas, donde el español fuere identificado como el idioma común, el lazo de unión entre los distintos grupos que integran la realidad nacional. Pero de ninguna manera suponerlo el más importante. Considérese que el chino e hindú no son los idiomas más importantes del mundo solo porque hay mayor número de hablantes. Por tanto, el que el español sea mayoritario en México lo hace la lengua de unión, pero no la más importante; la que puede facilitar la unidad, de normarse correctamente la existencia y uso todas las lenguas coexistentes en el territorio.
Una política lingüística evitaría la promoción de anglicismos desde las oficinas públicas (¿realmente no hay otra forma de llamar a los clúster industriales?). Igualmente, ello obligaría al sector público a evaluar con mayor cuidado al magisterio en esta tan importante materia (sin el español como base para la conceptualización, difícil entender las otras materias a cabalidad).
Por otra parte, se reconocería con mayor lógica usos y costumbres propios de las etnias, pues su lenguaje refleja su realidad, su concepto de vida, ambiente y de relaciones con los demás. Ello enriquecería los conceptos jurídicos y reduciría tantos prejuicios del comportamiento de los grupos indígenas. Gracias a ello, dejarían de ser considerados ciudadanos de segunda quienes no hablan español. Realmente, habría igualdad. Una política lingüística haría mucho por los habitantes de este país.
