Para la doctora Ariadna Estévez, el biopoder se centra en los procesos que son específicos de la propia vida, como el nacimiento, la muerte, la reproducción, la migración y la enfermedad; en tanto la biopolítica se refiere al poder sobre la vida a través de tecnologías de información tales como leyes y políticas públicas para la gestión de la vida humana en tanto especie, para garantizar que la población, la sociedad en su dimensión existencial y biológica, mantenga su status quo racial.
En la biopolítica, el objetivo ya no es el cuerpo individual, sino la regulación de la población como cuerpo político.
En el caso de las niñas y los niños que viven en lugares de acogimiento residencial, no son considerados personas plenas ni siquiera ciudadanos con derechos, en su caso el discurso biopolítico que debería aplicar según las leyes es el de la protección integral, que en este caso en realidad es controlado negativamente en cuatro niveles: por los adultos, por el clero, por el albergue y por los Gobiernos. La biopolítica implica el control y sumisión de estos cuerpos.
Fue en junio del año pasado que la Jueza Karla Macías hizo pública una sentencia en la que resuelve un amparo interpuesto por una niña de 5 años que buscaba no regresar a este albergue. En ésta, revela presuntos hechos de maltrato infantil, violencia sexual, trata de personas, desapariciones, tráfico de órganos y desaparición de personas. Incluso, PGR, CNDH, CEAV y otras instancias federales conocieron del caso, relevando en algunos planos al Gobierno estatal y a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG); a más de 15 meses de iniciadas estas investigaciones, no hay resultados, ni detención alguna. La impunidad mata, y en este caso la frase puede ser literal.
Según Schmitt, el Estado de excepción se refiere a medidas extraordinarias en una democracia durante periodo de crisis, es decir se trata de una especie de tierra de nadie existente entre la ley y la política. En cambio, Agamben plantea que en las democracias actuales el Estado de excepción ya NO es una excepción, sino una regla: una guerra civil legal en la que la vida está subordinada al poder del Estado y sólo está presente a través de su exclusión.
En los albergues infantiles en los que no existe supervisión y en los que se presume violencia y abuso sexual, este estado de excepción se convierte en algo permanente, ¿Qué garantía pueden tener un padre o una madre que firma un ilegal “acta de ingreso” en la que se otorga “para siempre jamás” la patria potestad al sacerdote a cargo? o ¿Qué será de los cientos de personas que han pasado por el albergue, si ni el mismo Gobierno tiene un registro de cuántos son¡?.
Y los gobiernos fueron cómplices durante 40 años.
Los cientos de niñas y niños a quienes les fueron cambiados los nombres para imponerles los del sacerdote al que llamaban “Papi Pedro”, representan lo que Agamben denomina “nuda vida”, una vida desprovista de valor, reducción de la vida humana a su estatus biológico. Adolescentes que eran tratadas “como un rebaño de chivitas”, según la declaración que una víctima indirecta hizo a una periodista de un medio nacional.
El homo sacer de nuestro tiempo es una persona que tiene una vida de exclusión jurídica y política, sujeta a violencia y vulnerabilidad, es el refugiado, ya que se encuentra incluido en lo jurídico y en lo político sólo a través de la exclusión; pero es también el huérfano de Ciudad de los Niños. Es un habitante de territorios donde la ley no tiene vigencia, lugares de excepción donde los prisioneros pierden su condición de personas: “El papi Pedro me perdonó, me regresó mis apellidos y me dejó ir del albergue”, me contó una vez una víctima adulta.
La proliferación de armas y la existencia de mundos de muerte, esos donde la gente se encuentra tan marginada que en realidad vive como muerto viviente, son un indicador de que existe una política de la muerte, es a lo que Mbembe denomina necropolítica, en lugar de una política de la vida o biopolítica.
Se configura entonces la administración de la muerte, dice Estévez retomando a Foucault. En Ciudad de los Niños los delitos que investiga PGR son trata de personas y enriquecimiento ilícito. ¿Qué más se puede agregar a esta necropolítica eclesial?
Ciudad de los Niños era un lugar de muerte, igual que Mamá Rosa, allí la marginación, el anonimato, el control y la violencia a la que estaban (están) sometidas niñas, niños y adolescentes les colocan perfectamente en la necropolítica institucional, un lugar de muerte, donde se administra su dolor, su orfandad y su pobreza.
“(…) Mire yo también [sic] no me atrevo a hablar, porque todos tememos por nuestra vida, porque el hombre es muy peligroso, y tiene gente muy pesada, y nunca lo han podido hacer, yo no sé porque hasta ahora le pudieron mover el tapete, nunca le habían podido hacer nada, es intocable ese señor, y creo que ahorita yo no sé cómo se manejaría el gobierno que lo fregaron” planteó un exseminarista a periodistas y organizaciones civiles al dar su testimonio anónimo. ¿Es decir, no sólo fueron los gobiernos municipales los que apoyaron al papi?, ¿Quiénes son los de la “gente pesada”?, se tiene evidencia que deportistas, políticos, artistas y empresarios apoyaron y fueron cómplices del papi Pedro; además, la trata de personas es un delito redituable para la delincuencia organizada.
Esta red de relaciones sociales construidas en torno a un discurso: instituciones, leyes, políticas, disciplinas, declaraciones científicas y filosóficas, conceptos y posiciones morales, que tienen la función específica de mantener el poder, es a lo que Foucault denomina Dispositivo. En suma, la Ciudad de los Niños fue un dispositivo de administración del dolor y la pobreza. ¿Dónde están las víctimas?, ¿Por qué no se hizo justicia?, ¿Por qué el papi Pedro demandó penalmente por difamación a quienes difundieron el caso?
¿Por qué en Salamanca, Guanajuato? Me preguntaron en el seminario, yo armé una respuesta ese día, pero, ¿Usted qué opina?
