En el estado de Guanajuato y en todo México, la desaparición de personas se ha convertido en una cruel realidad que no podemos ignorar.
Desde el 2012, las cifras de desaparecidos han alcanzado niveles alarmantes, dejando un doloroso vacío en la vida de sus seres queridos.
En medio de esta tragedia, un grupo de valientes mujeres ha asumido el rol de buscadoras incansables, liderando la lucha por encontrar a sus seres queridos y exigir justicia.
¿Por qué son ellas quienes se alzan como voces de esperanza? Una de las respuestas según Sandra Estrada, psicóloga social y acompañante de mujeres en la búsqueda de sus seres queridos está en las responsabilidades de cuidado y crianza que asumen, ya que para una madre, buscar a su hijo desaparecido es encontrar la verdad, pero también mantener vivo el vínculo afectivo y el cuidado de sus seres queridos.
Sin embargo, a pesar de su determinación, estas madres y familiares enfrentan una serie de obstáculos que hacen aún más difícil su búsqueda.
En primer lugar, se encuentran con el estigma y la indiferencia de la sociedad. La desaparición de una persona debería doler a todos, no solo a las familias afectadas.
Sin embargo, la estigmatización de las víctimas de desaparición ha permitido que las autoridades se desentiendan de su responsabilidad de búsqueda, relegando a las familias a un lugar de invisibilidad y dolor.
Además del estigma, las madres y familiares de personas desaparecidas enfrentan la violencia institucional. Las autoridades, en lugar de brindarles apoyo y comprensión, las culpan y revictimizan a sus hijos, esposos, hermanos desaparecidos.
La violencia psicológica ejercida por las mismas instituciones encargadas de proteger a la sociedad es una realidad que nadie parece querer enfrentar. Estas mujeres vulnerables y afligidas son aprovechadas en su sufrimiento, lo cual es inadmisible e inhumano.
Por si fuera poco, el Estado ha mostrado omisiones evidentes en la problemática de las personas desaparecidas. Si bien algunos municipios como Irapuato y Celaya han sido focos rojos, la realidad es que esta crisis afecta a comunidades en todo el estado.
Las buscadoras, en su incansable labor, se topan con maltratos, investigaciones deficientes y omisiones por parte de las autoridades. Es como si se les empujara a asumir el trabajo que les corresponde a las instituciones, lo cual es una clara muestra de la negligencia estatal.
A esto se suma la crisis forense, que agrava aún más el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos. La falta de un proceso ágil y efectivo de identificación en las morgues prolonga el tormento de las familias.
En ocasiones, se han dado casos desgarradores en los que un cuerpo ha permanecido sin ser reconocido durante meses o años, sumiendo a los familiares en una angustia insoportable.
En medio de todo esto, resulta indignante y desgarrador saber que seis buscadoras han sido asesinadas en los últimos seis años, situación que debería movilizar a la indignación de toda la sociedad. No solo se trata de asumir el trabajo que le corresponde al Estado, sino que ahora las mujeres buscadoras están siendo víctimas de la violencia que intentan erradicar.
Una de las demandas más urgentes es la creación de una base nacional de datos forenses que permita la interconexión de información entre los estados.
Esto facilitaría la identificación de personas desaparecidas que podrían estar en otros lugares del país. Los colectivos de personas desaparecidas han alzado su voz constantemente exigiendo esta medida, que sería de vital importancia para brindar respuestas y justicia a las familias afectadas.
Es lamentable constatar que el Estado no está dedicando los recursos y esfuerzos necesarios para buscar a las personas desaparecidas. Solo cuando un caso adquiere relevancia mediática, los gobiernos se despliegan en una búsqueda frenética y, en algunos casos, logran encontrar a la persona desaparecida, ya sea con vida o sin vida.
Sin embargo, estos casos son la excepción y no la norma. Es como si el Estado aprendiera a hacer su trabajo a golpe de noticia, dejando de lado a las miles de familias que siguen esperando respuestas.
La desaparición de personas no puede seguir siendo un tema ignorado o relegado a un segundo plano. Es necesario que la sociedad en su conjunto se involucre y exija acciones concretas por parte de las autoridades.
La búsqueda de personas desaparecidas no puede recaer únicamente en los hombros de las familias afectadas, especialmente de las madres y mujeres que se levantan con valentía para enfrentar la adversidad.
Es hora de que el Estado cumpla con su deber de proteger a sus ciudadanos y brindar respuestas a las familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos. La justicia, la verdad y la memoria son derechos fundamentales que deben ser garantizados para sanar las heridas abiertas por esta tragedia.
