Antes me hubiera costado trabajo entender por qué el municipio de León compró un proyecto como el de las fotomultas para nuestra ciudad pero a estas alturas de la administración ya nada puede sorprendernos, sin embargo, quisiera contarles por qué en ningún universo esta medida ha sido exitosa.
Las fotomultas, también conocidas como radares o cámaras de velocidad, han sido una medida polémica en diferentes ciudades y estados debido a diversos problemas y resultados poco satisfactorios.
En varios lugares donde se han implementado las fotomultas, no se ha reportado que la medida haya sido un éxito. Por el contrario, muchos gobiernos han decidido poner fin a esta práctica debido a diversas razones, como la falta de actualización del marco legal, problemas con los equipos técnicos, corrupción en la asignación del proveedor y cambios en la administración pública.
Por ejemplo, en el año 2016, municipios como San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz y México cancelaron este esquema debido a estas problemáticas. La falta de respaldo legal y la posibilidad de cancelar las multas a través de recursos administrativos fueron algunos de los problemas que enfrentaron estos programas.
En una investigación realizada y con datos oficiales entregados a Ciudadanos Observando por el Ayuntamiento en San Luis Potosí, se dio a conocer que se cancelaron más de 2 mil111 fotoinfracciones las cuales fueron mal realizadas. Esto equivalió a un monto de $ 661 mil 285.00, siendo un 26% de todas las multas levantadas.
En la CDMX, un reporte estadístico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) reveló que durante los primeros cuatro años desde que se implementó esta medida ocho de cada 10 conductores que se inconformaron por supuestas violaciones al ordenamiento vial le ganaron a la Secretaría de Seguridad Pública.
En el municipio de Aguascalientes el programa de los radares fue cancelado en 2015 ante el cambio de gobierno.
Actualmente, la ciudad de León planea implementar este nuevo sistema que busca sancionar a los conductores que excedan los límites de velocidad a través de cámaras “estratégicamente” ubicadas por un monto excesivo y solo hasta el 2024.
Sin embargo, cabe cuestionar si esta medida realmente logrará su objetivo de mejorar la cultura vial y reducir los accidentes fatales por exceso de velocidad, dada su reputación en otras zonas de México.
Si nos vamos al respeto a los derechos de las personas y leyendo la copia de un amparo que se emitió en la CDMX, un Juez reconoció que “Una finalidad legítima como lo es evitar accidentes de tránsito y velar por la vida e integridad personal no es justificación alguna para que se prive a los gobernados del contenido de sus derechos”, por lo que afirmó que “El Reglamento de Tránsito es violatorio del debido proceso administrativo específicamente del derecho de audiencia previa”, y esto debe aplicar a cualquier estado debido a la naturaleza propia de las fotomultas.
“Supongamos que las cámaras están mal calibradas, o bien que éstas no cumplen los requisitos de las normas oficiales mexicanas, que hubo un error en el escaneo de placas o que existía una justificación para ir 20 kilómetros por hora más rápido, como sería llevar a una persona al hospital y un largo etcétera”.
Desafortunadamente en este esquema, el conductor no tiene oportunidad de ser oído en su defensa de manera previa a la sanción, únicamente se establece que se puede promover un recurso administrativo en contra de la fotomulta.
Evidentemente esto dará pie a una desconexión más con las necesidades de la ciudadanía, pues las fotomultas no abordan adecuadamente los problemas de seguridad vial más importantes, como la infraestructura deficiente o la educación vial insuficiente.
Esta ofensiva inversión, nuevamente se dirige únicamente a los automovilistas, lo que puede ser considerado injusto y poco equitativo en términos de fiscalización vial.
Es fundamental que los gobiernos consideren alternativas más efectivas y justas para fomentar una cultura vial responsable y reducir los accidentes de tránsito. En lugar de invertir en fotomultas, podrían enfocarse en campañas educativas, mejoramiento de infraestructuras viales, señalización clara y la implementación de medidas que fomenten el respeto a los límites de velocidad de manera integral.
