Por Raúl Rodríguez Cortés
Gran Angular
Anoche terminó el conteo distrital de votos de la elección presidencial y dio la mayoría a Enrique Peña Nieto con 38.23% (19 millones 2 mil 215). Le siguió AMLO con 31.54% (15 millones 676 mil 639 votos), Josefina Vázquez Mota con 25.44% (12 millones 644 mil 844 votos) y Gabriel Quadri con 2.28% (1 millón 135 mil 465 votos). Este resultado ya incluye el recuento voto por voto de 54.5% de las casillas instaladas donde, de acuerdo con el Código Electoral, había diferencias inferiores a 1% entre los dos punteros, los votos nulos eran iguales o mayores a la diferencia de votación entre el primero y el segundo, la alteración en el paquete era evidente o todos los votos eran para un solo candidato. Esto debe reconocérsele al IFE.
El cómputo distrital es consistente con los resultados que arrojó el PREP: EPN 38.15%, AMLO 31.64%, Josefina 25.40% y Quadri 2.3%. Llama la atención, sin embargo, que tanto en el cómputo distrital como en el del PREP, la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de de seis y siete puntos porcentuales, y entre el segundo y el tercero también. Veámoslo en el distrital: entre Peña y El Peje hay una diferencia de 6.69% mientras que entre éste y Josefina es de 6.10. No sé si sea una mera curiosidad o coincidencia o si tenga que ver con las complejidades de la programación actuarial. Y es que, a estas alturas y después de tantas malas experiencias, uno se vuelve muy desconfiado.
Estos resultados distritales serán entregados el domingo próximo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se encargará de hacer el recuento final, calificará la elección y declarará ganador.
Para esto tiene como plazo el 6 de septiembre. En ese lapso procesará y dictaminará las impugnaciones al proceso que AMLO ya anunció que presentará, incluso con la petición de que se recuente voto por voto de 45.5% de casillas que no recontaron los consejos distritales. El PRI dice estar dispuesto a aceptarlo si así lo determina el TEPJF, según Pedro Joaquín Coldwell.
Pero todo indica que la impugnación será fundamentalmente por la compra y la coacción del voto. La izquierda acusa al PRI de comprar votos masivamente.
En las redes sociales han proliferado las denuncias y los videos que muestran esas prácticas, sobre todo con la entrega de monederos electrónicos. Tiendas Soriana, incluso, se han visto saturadas de clientes que llegan con sus plásticos ante el rumor de que serían cancelados al quedar al descubierto la operación de compra de votos.
Y los colaboradores de AMLO, encabezados por Ricardo Monreal, han documentado la acusación para presentar pruebas ante el TEPJF, después de haber recibido miles de tarjetas que sus beneficiarios les han entregado.
Monreal asegura que el PRI trianguló por medio de la empresa Monex unos 168 millones de pesos destinados a la compra de votos. Presentó dos supuestos contratos, de 20 millones de pesos cada uno, como prueba de que el tricolor se valió de la empresa Importadora y Comercializadora Efra S.A. de C.V. y del grupo comercial Inizzio S.A. de C.V., para distribuir recursos mediante tarjetas de prepago Monex, a sus representantes de casillas. Presume que se trató de 140 mil personas que aparecen como trabajadores de esas dos empresas.
Monederos electrónicos como esos se usaron el año pasado para favorecer el voto de Eruviel Ávila en el estado de México, quien después incorporó el mecanismo a uno de sus programas de su gobierno llamado Diez acciones por la educación. Mediante él ha repartido, desde marzo pasado, unos 170 mil monederos electrónicos de la tienda Soriana, por un monto de mil 800 millones de pesos, que, según Monreal, han sido usadas de manera facciosa por el PRI para obtener votos favorables para su candidato. Con tales argumentos se pretende mostrar que se violaron los principios rectores de un proceso electoral consignados en el artículo 41 de la Constitución: legalidad, imparcialidad, equidad y objetividad.
Nadie en su sano juicio puede negar la descarada compra de votos en la que han incurrido todos los partidos, aunque el PRI lo ha hecho de manera preponderante. Incluso Josefina Vázquez Mota, al reaparecer ayer con la propuesta de crear un movimiento ciudadano, dijo que en la elección hubo inequidad así como compra y coacción del voto y rebase de topes de campaña. Incluso advirtió que “el nuevo gobierno sólo adquirirá plena legitimidad si muestra disposición a hacer una reforma política profunda”.
La impugnación, por lo tanto, no parece pretender que un eventual recuento revierta los números. Se dirige a la violación de principios constitucionales y, por lo tanto, buscaría la nulidad de los comicios.
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