Los trágicos sucesos de apenas hace dos semanas cimbraron a la sociedad leonesa: Daniela Patricia Kornhouser, de 27 años, y su hijo, Ferrán Patricio, de cuatro meses, fueron encontrados muertos en su casa, en el fraccionamiento “Jardines de Santa Fe”. Quien fuera señalado como responsable, Ferrán Josep Castello Pedro, de origen español, fallecería luego de impactarse contra un camión en la carretera a Irapuato. La mecánica del crimen y las múltiples preguntas sobre estos lamentables hechos, en la búsqueda de explicaciones de algo tan dolorosamente absurdo, quedarán sin respuestas ante la única verdad contundente: los tres están muertos.
En el proceso de la investigación ministerial del crimen, se supo que él era director de una importante empresa zapatera y ella profesionista. Tenían apenas un año de haberse casado. Según lo dicho por familiares y amigos, él era celoso y posesivo, e incluso meses antes estuvieron a punto de separarse. Los vecinos reportaron que una noche antes del lúgubre hallazgo se escucharon gritos y golpes. Nadie reaccionó.
Por desgracia, en Guanajuato tenemos antecedentes de otros casos de tragedias familiares provocadas por algunos de sus integrantes.
El 17 de agosto del año 2003, bajo el argumento “de salvación”, que entre otras cosas encubría los conflictos con su cónyuge, Socorro Escamilla, Rodrigo Fajardo Mariscal degolló a sus tres hijos, Rodrigo, de seis años de edad, Carlos, de cinco, y Mariana, de cuatro, en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Loma Real, en León.
En su defensa, Rodrigo Fajardo, entonces desempleado y en constante conflicto con su entonces pareja, intentó “justificar” su crimen con la peregrina idea de que “ellos sufrían mucho, tenía que salvarlos”, en referencia a la mala condición que atravesaba la familia, por su cíclico desempleo, pero más en relación a su comportamiento celoso y posesivo que ejercía sobre su pareja, Socorro, a quien permanentemente cuestionaba su condición de profesionista con empleo. Ella debía enfrentar a su detractor en el nivel del lo irracional: si él no podía tener empleo y recursos para mantener el hogar, ella tampoco podría hacerlo, porque atentaba contra su hombría. La decisión de Rodrigo ante la inminente separación, decidida por Socorro, fue matar a los tres niños e intentar quitarse la vida abriendo la llave del gas e infringiéndose lesiones. No lo logró, como tampoco acreditar desórdenes mentales para evadir una condena de 40 años de cárcel.
En diciembre del año 2005, en Pénjamo, nueve personas fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales como presuntas responsables del asesinato de dos niñas, una de seis meses y otra de trece, en el paraje “El Calabozo”. Entre los detenidos estaban los padres, quienes argumentaron que sus hijas “tenían al demonio dentro”.
En agosto de 2013, en terrenos del lugar conocido como “Corral Quemado”, a poco más de medio kilómetro de la colonia Puerta Dorada de la zona de “Las Joyas”, en León, Soledad Esparza Flores de 27 años, empleada de una fábrica de calzado, ahogó y posteriormente quemó a sus hijos, Cesar Armando, de 7 años, y Dana Paola, de 10.
Al ser detenida días después, Soledad se limitó a señalar que alguien tenía que morir y que había matado a sus hijos para que ya no sufrieran. De esta familia se supo que los niños vivían durante la semana en una “casa hogar” y los fines de semana regresaban a casa. Esto ocurre cuando los recursos económicos son insuficientes para el sostenimiento de los menores y hay imposibilidad para su cuidado, pero solo allí en donde existen asociaciones civiles que albergan de forma casi gratuita a menores en condiciones de vulnerabilidad.
De la presencia del padre nada se señaló, lo que podría indicar que la jefatura de la familia estaba a cargo de Soledad. Esto no sería difícil, si consideramos que en Guanajuato una cuarta parte de las familias está a cargo de una mujer, y que en más del 80% sus condiciones de vida se ven marcadas por la pobreza.
Frente a esta enorme complejidad de la evolución que han tenido las familias guanajuatenses en las últimas dos décadas, sucesivos gobiernos del PAN mantienen su empeño en ignorarla. Y en evadir su responsabilidad para replantear radicalmente las varias políticas públicas que deben apoyar y auxiliar a las familias guanajuatenses.
Las familias, y no “la familia”, han venido transitando por cambios sociales, culturales, económicos, políticos y anímicos que se traducen en transformaciones radicales respecto a la visión clásica de la familia nuclear. Junto con la jerarquía eclesiástica, el panismo gobernante se muestra incapaz de asumir estos cambios, para encasillarlos simplemente en “descomposición”. Es una salida muy cómoda, pues sirve como coartada para “explicar” casi cualquier problema social, como la inseguridad. Esta miopía lleva a la fácil conclusión de que para “reparar” a “la familia” es suficiente la inyección de valores… Fácil y peligrosa.
El síntoma más grave de que la evasión se ha convertido en fuga, es la campaña en curso del gobierno de Miguel Márquez, Guanajuato va por los valores, la que simula ser una política pública de “profunda intervención y transformaciones”. Nada más falso.
Presentada en meses pasados como eje transversal permanente del sexenio en curso, por parte del propio gobernador y de su esposa, María Eugenia Carreño, presidenta del Sistema Estatal DIF, en el acto de lanzamiento esta última señalaría: “Con el ritmo de vida que actualmente tenemos, es muy común perder la comunicación al interior de la familia, donde el diálogo entre sus miembros es cada vez menor, lo que ha provocado desintegración familiar … se impulsarán cinco conceptos, vinculados cada uno a un día de la semana: Lunes, amor; martes, honestidad; miércoles, benedicencia; jueves, respeto y viernes…”.
Además de ser un insulto a la inteligencia pública, y una evasión de la realidad social en su colectivo básico, las familias, este impulso “valoral” también trae implícito el perverso propósito de mantener, e intentar darle algún sentido y justificación, al DIF como el refugio altruista y político de la “primera dama”. A costa de sacrificar la atención de una de nuestras más grandes urgencias, el apoyo y el auxilio, extenso y profesional, a las familias. Es un enorme retroceso, aunque se avergüence de decir su nombre, justamente cuando lo que necesitamos es que la atención a las familias se eleve a rango de secretaría.
Pd. En torno al II Informe de Gobierno de Miguel Marquez, esta semana de comparecencias de las y los titulares que integran la administración pública estatal, en el tema de las mujeres y procuración de justicia, varias cuestiones quedaron al descubierto, y otras tantas confirmaron lo que ya sospechábamos e incluso se han venido denunciando: se están tomando decisiones públicas ignorando diagnósticos, la titular del IMUG no tiene ni la preparación, ni el equipo de apoyo para hacer frente a las realidades que conforman la agenda de rezagos de las mujeres, en tanto, desde Procuraduría del Estado, Carlos Zamarripa asume ensoberbecido y enfáticamente, que en Guanajuato, todo marcha perfectamente, la justicia está garantizada desde su dependencia…quienes tenemos opiniones distintas, estamos equivocados.
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