Canadá tiene más de treinta años con una legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita y sin limitación causal. La discusión que fue expuesta en nuestro otro país vecino del norte, a finales de los años ochenta, puede servir de referente acerca del impacto a largo plazo de lo que significaría una posible despenalización general en todo México.
En aquel país el aborto estuvo sancionado bajo cualquier supuesto hasta 1969, año en el que se incorporó la causal «por salud» como interrupción del embarazo no punible. Su reforma al Código Penal por ese entonces tuvo como fin dejar de criminalizar los abortos, siempre que hubieran sido aprobados por un comité médico, que se encargaba de determinar en qué casos la vida o salud de la mujer podría ser afectada por la continuación del embarazo.
Luego de ello la Corte de Canadá en 1988 resolvió inconstitucional la penalización del aborto. El argumento de jure sentenció lo siguiente: «obligar a una mujer a llevar a término un embarazo […] implica una interferencia grave y profunda en el cuerpo de la mujer y por tanto una violación a su seguridad personal. […] La libertad en una sociedad libre y democrática no requiere que el Estado apruebe decisiones, sino que las respete».
En contra parte, México deviene de una herencia histórica machista. Para cuando en Canadá se incorporó la primera causal de aborto, México tenía apenas catorce años con el derecho pleno al voto por parte de las mujeres. No es casualidad que, en ese sentido, existan un sinfín de estereotipos correlacionados a los derechos de las mujeres, muchos de ellos promovidos desde una esfera moralista.
En nuestro país el aborto inducido está permitido en casi todos los códigos penales estatales solo en casos de violación. En la Ciudad de México y recientemente en el estado de Oaxaca las mujeres tienen permitido el aborto inducido, sin limitante causal, siempre y cuando sea antes de las doce semanas de gestación. De igual forma, en todos se permite en caso de que se ponga en riesgo la vida de las mujeres, excepto en Querétaro y en Guanajuato.
En este último el tema llegó al Congreso del Estado en 2020 y, luego de un tiempo, la despenalización no surtió efectos. La tertulia mediática en torno al tema tuvo como resultado la negativa en la Cámara, con aseveraciones como que la sociedad guanajuatense «no está preparada», o cuyas «buenas costumbres» no permitirían legislar la materia. Grupos denominados «provida» arguyeron precisamente a la moral.
Pepe Mujica reflexiona al respecto: «Creo que nadie puede estar a favor como cuestión de principio, pero hay un cuadro de mujeres que está en la sociedad y que se ve en la amargura de tener que tomar esa decisión […] Y ese mundo vive en la clandestinidad y toma decisiones, más allá de las discusiones de principios que puedan tener los políticos […] ahí hay vidas que se pierden».
Esta visión cobra relieve porque es en el terreno de las políticas públicas en que debe de abordarse el tema y no sobre un falso debate, que significa la aparente defensa de la vida pero que no brinda certeza a los sujetos de esta acción, y una realidad en el que los abortos existen, más allá de que esté o no penalizado. En México se llevan a cabo en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Al negarlo no solo se finge demencia, sino que es irresponsable.
Es precisamente Canadá, que por medio del último informe brindado por Jona Erdman, presidenta del Comité de Salud del gobierno canadiense, indica que a finales de 2019, en comparación con 1988, los embarazos no deseados entre adolescentes se han reducido hasta en un 30% y prácticamente han eliminado al 100% la muerte materna por aborto inducido.
En cambio en México, de acuerdo con el Gutmacher Institute, el número de mujeres que obtuvieron un aborto inducido en 2019 se incrementó un 64% respecto al mismo periodo de tiempo y la tasa de fallecimiento por aborto inducido de manera clandestina subió en un 33%. Son las mujeres en condición de pobreza, que viven en zonas rurales, las que menos posibilidad tienen de recibir una atención adecuada en caso de que decidan abortar, con casi el 45% de mujeres afectadas, contra el mismo riesgo que tienen solo un 10% de las mujeres que viven en la urbe y no son consideradas pobres.
Entonces, es evidente también la doble moral sobre el aborto, cuando gira en torno a la posibilidad económica que tienen algunas mujeres con un poder adquisitivo personal o familiar, sobre aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social.
Por lo anterior, un derrotero más que se habrá de superar es todo un sistema de creencias androcentristas. Éstas serían contrarias a reconocer que «las mujeres son actoras de su propia vida y el hombre ni es el modelo al que equipararse ni es el neutro por el que se puede utilizar sin rubor varón como sinónimo de persona. [¿Se pensará] que las mujeres no [tienen] derecho al aborto, por ejemplo, puesto que los hombres no pueden abortar?» (Varela, Nuria, 2004).
Estar a favor de la legalización del aborto no es estar a favor del mismo, sino en contra de que se sigan practicando en condiciones de inseguridad. Es totalmente legítimo anteponer creencias para estar en contra del aborto, pero es irresponsable que éstas últimas sirvan de base para impedir su legalización. «Será Ley», dicen quienes promueven la interrupción legal del embarazo sin causal jurídica. Esta verdad histórica en la lucha por los derechos humanos también es una realidad, que tarde o temprano habrá de reflejarse en la legislación mexicana.
Así ha sido siempre y en esta ocasión tampoco será la excepción. Las libertades y los derechos siempre salen avante. En este caso por la causa feminista. Más allá de los dogmas hay una razón irrefutable, parafraseando a la Corte canadiense: el Estado no debe autorizar derechos, los debe de respetar.
